El 10 de enero de 1972, los residentes de Santo Domingo fueron testigos del mayor operativo militar y policial visto en el país desde la guerra civil de 1965
En esta ocasión, Zona Retro vuelve a enero de 1972 para relatar, mediante las páginas de la época, la feroz persecución desplegada por las tropas dominicanas tras seis militares y dirigentes comunistas acusados del asalto al Royal Bank of Canadá.
Allanamientos en la capital: registros y detenciones masivas
De acuerdo con registros periodísticos de la época, en la mañana del 10 de enero de 1972, efectivos de la Fuerza Aérea, el Ejército Nacional, la Marina de Guerra y la Policía Nacional daban seguimiento a seis personas, todas militares y dirigentes comunistas, acusadas de participar en el asalto a la sucursal del Royal Bank of Canadá del ensanche Naco, del que los responsables huyeron con más de RD$60,000.
Aunque en ese momento se desconocía el número exacto de efectivos empleados, miles de uniformados, vestidos de campaña y armados con armas largas, recorrieron casa por casa distintos barrios de la capital, acompañados por auxiliares del fiscal del Distrito.
En ese contexto, los residentes de Santo Domingo fueron testigos del mayor operativo militar y policial registrado en el país desde la guerra civil de 1965.
No obstante, las gestiones realizadas para dar con el paradero de Plinio Matos Moquete, Bienvenido Silveira Leal Prandy (Chuta), Amaury Germán Aristy, Harry Jiménez Castillo (Memo), Ulises Arquímedes Carón Polanco y Virgilio Pérez Perdomo no tuvieron éxito.
En este sentido, las fuerzas detuvieron a un número no especificado de personas, quienes fueron interrogadas en dependencias policiales. La institución no dio a conocer ni la identidad ni la cantidad de los arrestados. Los allanamientos comenzaron a las seis de la mañana y finalizaron al mediodía.
Asimismo, los diarios informaron que no se produjeron incidentes ni excesos durante el operativo. A diferencia de allanamientos previos, los detenidos no fueron maltratados. Desde el instante en que los militares establecieron el cerco en los sectores de San Antón, San Lázaro, San Carlos, Ensanche Espaillat, así como en Capotillo, Los Guandulitos y otras zonas, se prohibió a los residentes abandonar dichos barrios. Centenares de jóvenes fueron registrados, pero tratados con cortesía.
Ciudadanos afectados por el operativo
Por otra parte, el operativo provocó retrasos en la llegada a sus lugares de trabajo de médicos, enfermeras, obreros, periodistas, ingenieros y otros ciudadanos. Inicialmente, algunos efectivos militares obstaculizaron la labor de los periodistas de diversos medios de comunicación, aunque posteriormente se les permitió circular con libertad por instrucciones de la jefatura policial.
En este sentido, tránsito vehicular por la avenida Mercedes, en el sector Colonial, fue desviado hacia la calle El Conde, lo que provocó extensos congestionamientos. Situaciones similares se registraron en varias vías de Gualey. Tanto los vehículos como sus conductores y ocupantes fueron requisados, sin que se encontraran armas.
Allanamientos resultan en detenciones y decomiso de armas
De acuerdo con la información publicada en las páginas del periódico El Caribe, en algunas viviendas la Policía y efectivos de las Fuerzas Armadas hallaron armas y otros materiales de carácter bélico.
En el sector de Gualey, dentro de una vivienda, se encontró un revólver y una bayoneta para fusil Máuser modelo 1908. Mientras tanto, en el barrio Capotillo se incautó un revólver, así como libros y folletos con literatura catalogada como “comunista”.
En la vivienda identificada con el número 76 de la calle José Reyes, los militares y agentes policiales hallaron tres pequeños escudos para camisas de uso militar, un sable de oficial de las Fuerzas Armadas, una bayoneta para fusil y una macana de madera similar a las empleadas por la Policía. En el lugar fueron detenidos los jóvenes Ricardo y Jesús Pérez, de 19 y 17 años respectivamente.
Según dijo la doctora Josefina Salas Montero, los objetos militares pertenecían a una señora de nacionalidad española, que se encontraba internada en una clínica en Santo Domingo.
En ese orden, la doctora Salas Montero sostenía que los jóvenes eran inocentes y que los objetos habían sido dejados aproximadamente un año antes en una maleta por la señora Clementina García, quien los guardó junto a ropa y utensilios del hogar, sin que ellos tuvieran conocimiento de su existencia.
Además, entre los detenidos se encontraba el estudiante Miguel Guerra, a quien se señaló de tener un rifle de perdigones en su vivienda en San Carlos, así como el señor Aridio García de León, secretario general del comité distrital del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Asimismo, en la intersección de las calles Las Mercedes con Duarte fueron detenidos 12 jóvenes. De manera similar, se registraron detenciones en San Miguel, en la esquina con Juan Isidro Pérez. Los militares capturaron a varios jóvenes en los barrios La Cañita, Gualey y Guandulito, así como en el Ensanche Espaillat.
Despliegue general: fuerzas militares y policiales en acción
Helicópteros de la Fuerza Aérea realizaron sobrevuelos sobre la ciudad, mientras que los periodistas informaron haber observado botes de la Marina de Guerra patrullando el río Ozama, cuyos tripulantes estaban armados con fusiles.
El jefe de la Policía Nacional, general de brigada Neit Rafael Nívar Seijas, declaró que los individuos prófugos de la justicia, acusados del asalto al banco, tenían la intención de llevar a cabo acciones para alterar el orden público.
Además, añadió que la operación planeada por el grupo de izquierdistas se extendería a lo largo de todo el mes y que tenían previsto llevar a cabo actos terroristas dirigidos contra altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como contra funcionarios del Gobierno y otras personas.
Por su parte, el secretario de Interior y Policía había declarado que los allanamientos en los distintos sectores de la capital continuarían mientras las circunstancias lo requirieran.
El general de brigada Salvador Augusto Lluberes Montás coincidió en que los allanamientos, según lo estipulado por la ley, debían efectuarse en presencia de autoridades judiciales.
