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La primera infancia, etapa comprendida entre 0 y 6 años, es un período sensible para el desarrollo cognitivo y la adquisición de la lectoescritura, que empieza desde el nacimiento. De hecho, la atención temprana ayuda a cerrar brechas de desigualdad entre la niñez vulnerable y aquella desfavorecida socialmente.

Consciente de estas premisas, desde el 2013 el Estado Dominicano ha incrementado la cantidad de programas públicos. También, se ha mejorado la articulación entre las instituciones gubernamentales que prestan servicios, gracias a la red del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (INAIPI). Se ha aumentado el presupuesto y, con ello, la cobertura de atención a la niñez, partiendo de un enfoque inclusivo e integral.

No obstante, los hallazgos del estudio regional que realizamos en el marco de la alianza entre RedLEI y PUCMM sugieren que falta un amplio recorrido por hacer. La carencia de una ley que regule los servicios y la falta de sostenibilidad financiera retrasan considerablemente las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo, pues el monto es insuficiente para cubrir la demanda de la niñez de 0-5 años. Tampoco se ha alcanzado la universalización del preprimario, atendido por el Ministerio de Educación (MINERD).

Los mecanismos para asegurar la calidad muestran áreas de oportunidades. Se carece de un sistema de medición del desarrollo infantil y de supervisión desde el MINERD que dé seguimiento a la implementación del currículo en los centros de educación no obligatoria. Los informes del Estado siguen enfocándose en la cobertura, sin evaluar los indicadores de calidad ni el impacto de la atención. Esto supone un desafío para nuestro sistema educativo, pues sólida evidencia del BID indica que la atención de baja calidad va en detrimento del desarrollo infantil. En efecto, el Estudio Regional Comparativo y Explicativo de UNESCO (2019) concluyó que nuestra educación inicial no está impactando positivamente en los resultados de comprensión lectora del tercer grado.

Por estas razones, las políticas públicas y su implementación deben reorientarse para sistematizar los procesos y asegurar la calidad de la enseñanza.

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