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La honestidad es un comportamiento ajustado a los valores de la verdad y la justicia. Es el respeto a la verdad y al derecho de los demás. Ser honesto es ser una persona sincera, franca, no tener segundas intenciones al participar en una gestión; ser honesto, es no sacar ventaja de las posibles debilidades o situaciones de inferioridad de otros individuos.

Las instituciones públicas deben servir a ciudadanos y ciudadanas. Deben ser administradas por gente honesta. La ausencia de honestidad en el manejo de la cosa pública, provoca lavado de dinero sucio, mal uso de los fondos del Estado. Se forman coaliciones de funcionarios para enriquecerse ilícitamente con el dinero que pertenece a las comunidades. En consecuencia, la calle que se iba a asfaltar con ese dinero, sigue en mal estado; la medicina que iba a llegar al hospital ya no llega, cuando se dedica una suma para un proyecto, las obras son sobrevaluadas.

Ante esa falta de honestidad, el pueblo dominicano ha ido tomando conciencia. Las organizaciones de la Sociedad Civil, lo han demandado. Deben continuar acciones que incrementen la confianza del pueblo en los que administran las instituciones públicas.

La Ley Orgánica de la Administración Pública 247-12, en su artículo 5, establece que el objetivo principal de la Administración Pública es satisfacer, en condiciones de igualdad y transparencia, las necesidades del pueblo, procurar su desarrollo pleno, para que la calidad de vida de toda persona corresponda a lo que exige su dignidad de ser humano.

La Constitución de la República en su artículo 139, establece el control de legalidad de la actuación de la Administración Pública, a cargo de los tribunales. La ciudadanía puede requerir ese control a través de procedimientos legales. A la población le favorece una administración pública, dirigida por hombres y mujeres honestos, que asuman buenas prácticas en la administración de la cosa pública. Así tendremos una sociedad más justa.

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