La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ha advertido que de ser sancionado por el Congreso como está redactado, el proyecto de reforma al Código Procesal Penal podría llegar al Tribunal Constitucional. Tratándose de una voz con una probada trayectoria de apego y defensa a la institucionalidad jurídica, la advertencia debe ser escuchada por los legisladores, y revisarse los puntos señalados como contrarios a la Constitución. Son nulos de pleno derecho aspectos contrarios a sus postulados, recordemos. Gran paradoja que después de larga espera y reclamos que eran ignorados, la inminente conversión en ley de la reformada normativa en lugar de satisfacción plena suscita ahora interrogantes y temores.
