Promesa de campaña del presidente Luis Abinader, reforma constitucional para quitarle al Poder Ejecutivo la facultad de designar al procurador general de la República, de modo que tener un Ministerio Público sin filiación partidaria e interferencia de la Presidencia en su actuación, no dependa de buena voluntad del presidente de turno. La iniciativa entusiasma; pero significa modificar la Constitución porque nuestros políticos la irrespetan (artículo 170 dice Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria). Por lo mismo, mecanismo de designación del procurador fuera del Ejecutivo no garantizará plena independencia. ¿No hay amarres políticos en el Consejo Nacional de la Magistratura? Otro reparo es que proyectos buenos de reforma constitucional faciliten malos, eventualmente, según la experiencia.

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