El 9 de diciembre de 2020, el presidente Luis Abinader presentaba el “plan nacional contra la corrupción y para la recuperación de patrimonio robado”, con la presencia de Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad gubernamental. Resaltaba en ese sentido, que “la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública sería impulsada para que sus disposiciones se ajusten al estándar interamericano, con la finalidad de que los ciudadanos tengan mayor acceso a la información como garantía constitucional de control social y estabilidad democrática”. Bueno, dos historias principales recientes de El Caribe han revelado rezago con esto e incumplimiento de la voluntad presidencial. Algunas instituciones públicas no pasan el examen de la transparencia y apertura.

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