La decisión de la JCE de detener la campaña anticipada de varios precandidatos de distintos partidos políticos, se inscribe en la dirección correcta. Con esta medida el órgano electoral manda una clara señal de que está dispuesto a romper con la pasividad que tradicionalmente le ha caracterizado y hacer lo que sea necesario para que el país pueda tener un proceso electoral mínimamente regulado. Esto genera confianza y tranquilidad respecto a la organización de las complejas elecciones generales del año 2020. Ante el riesgo de que no sean aprobadas las leyes de partidos políticos y del régimen electoral, se requiere de una JCE que no tenga temor de cumplir con su rol.
Evitar el proselitismo electoral extemporáneo es una facultad y un deber de la institución encargada de la administración electoral. La Constitución establece que la JCE tiene autoridad para reglamentar los asuntos de su competencia, es decir, todos aquellos relacionados con la organización de las elecciones (art. 212). La ley electoral No. 275-97 indica que el periodo electoral, que abre la competencia de cara a unas elecciones, inicia cuando la JCE hace la proclama oficial del proceso. Esta proclama puede ser publicada a más tardar 90 días antes de las elecciones.
El órgano electoral tiene a su vez la responsabilidad de cumplir con la demanda social de que las campañas sean limitadas en el tiempo. Es inconcebible que a dos años de los comicios generales, haya políticos realizando caravanas, contaminado las calles con vallas y saturando los medios de comunicación con propaganda electoral. Esto provoca un gran hastío en la población e implica que se tenga que buscar mucho más dinero para sostener las largas campañas políticas. Estos elevados costos del proselitismo electoral implican que solo aquellos que dispongan de cuantiosos recursos económicos puedan competir con posibilidad de éxito. Por lo tanto, lo que está haciendo la JCE con su decisión, es llevando más tranquilidad a la población y generando una mayor equidad en la competencia electoral.
Los partidos políticos y sus precandidatos no tienen otra opción que respetar esta medida del órgano electoral y limitar su proselitismo al interior de sus organizaciones. Esta decisión debe contar con el apoyo de toda la sociedad, la cual debe demandar además que esta sea la primera de una serie de medidas a tomar por la Junta, para que el país pueda contar con unas elecciones en las que la competencia electoral se desarrolle en un marco de respeto a la Constitución y las leyes. La JCE debe garantizar unas elecciones en las que prevalezcan los principios de igualdad, transparencia, rendición de cuentas y justicia electoral.
