Caso cadáveres de niños, una vergüenza

Hace dos semanas el país se llenó de consternación al ver una macabra escena de los cuerpos de seis niños recién nacidos, abandonados y tirados de manera inmisericorde, en la puerta de entrada del Cementerio Cristo Salvador de Santo Domingo Este.

Los cadáveres de los seis niños estaban dentro de una funda, envueltos en toallas desechables, con pampers puestos, con sus zapatitos y con un brazalete del Hospital Ciudad Juan Bosch en sus muñecas, donde se establecía que tenían entre 24 y 40 semanas de haber nacido. Ese hecho, condenable e injustificable desde todo punto de vista, es una gran vergüenza para el sistema de salud en general, para el Ministerio de Salud en particular y para todo el Gobierno dominicano.

Según las informaciones que se han podido obtener, de los seis niños fallecidos, cuatro son de origen haitiano. Eso se entiende, pues en el Hospital Ciudad Juan Bosch hay una gran cantidad de pacientes de origen haitiano, ya que en ese sector vive una gran cantidad de personas procedentes de Haití. Y eso es más preocupante aún, pues detrás de esta acción inhumana e injusta podría haber parte de un sentimiento antihaitiano.

Un médico pediatra nos dio la información de que en hospitales como el de la Ciudad Juan Bosch es común que, cuando un niño muere al nacer, sus familiares no soliciten el cadáver por dos razones. La primera es que el dolor de ver el niño muerto al nacer, no los motiva a tener que hacerle un sepelio, donde el dolor se multiplicará muchos más. La otra razón es económica, pues un sepelio para el niño ya perdido es un gasto extra, que muchas veces esa familia no puede solventar.

Y es ahí donde entra el papel de Estado a través de los hospitales. Las direcciones de los hospitales públicos deben garantizar que a esos niños fallecidos se les proporcione un proceso de enterramiento digno, justo y humano. No que se tiren en una fosa común o que sean abandonados como animales frente al cementerio, como sucedió en este caso que analizamos y que pone en vergüenza al Gobierno.

La directora del Hospital, doctora Marileida Reyes, quiso explicar la situación diciendo que ellos entregaron a la Funeraria La Popular los cuerpos y que ellos le dijeron que habían enterrado los cadáveres. Esta explicación es muy poco convincente y refleja una falta de seguimiento al proceso por parte del hospital.

El propietario de la Funeraria La Popular, señor Julián Encarnación Montero, también dio una explicación poco convincente y que lo hace co-responsable de esta acción incorrecta y abusiva. El señor Montero confirmó que su funeraria tiene acuerdo con el hospital para el entierro de los niños fallecidos, pero que sus choferes solo recogen los cadáveres en el hospital, se los entregan al zacateca del cementerio y se van sin confirmar si son enterrados o no.

La explicación que da El Grillo, el zacateca a quien le entregaron los cuerpos y los dejó abandonados frente a la puerta del cementerio, es realmente espeluznante. Lo primero que dice es que cuando le entregaron los cuerpos él estaba borracho. Luego dice que como eran ya pasada las seis de la tarde, encontró cerrado el cementerio cuando iba a enterrar a los niños y que decidió dejar los cuerpos frente al cementerio.

El administrador del Cementerio Cristo Redentor, Virgilio Ureña García, dijo que los seis niños muertos hallados en la acera del camposanto no fueron sepultados para evitar el pago de RD$ 1,500 por motivo de impuestos, que El Grillo no es empleado del Cementerio y que no hay ningún registro de que el Hospital de Ciudad Juan Bosch haya enviado cadáveres de niños para ser sepultados.

El hecho de que solo se haya apresado al zacateca y al chofer de la funeraria es cortar la soga por lo más delgado y muestra una actitud muy incorrecta de parte del Ministerio Público. Ese informe y esas medidas son una vergüenza y un irrespeto a la sociedad dominicana.

El Gobierno debe entender y asumir que en este caso las responsabilidades deben empezar con la dirección del Hospital Ciudad Juan Bosch, con los que entregaron los cuerpos a la funeraria, con el dueño de la funeraria y los choferes que le entregaron los cuerpos a un zacateca borracho, con ese zacateca que no tiene el más mínimo respeto por lo que hace, y debe culminar con todos los responsables de la supervisión de las normas para realizar procesos como este. Y cada uno de ellos debe recibir una justa sanción para evitar que casos como este sigan avergonzando al actual Gobierno.