Corpus Juris de la libertad de expresión

Actualmente se encuentra en discusión el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, que procura sustituir la vigente Ley número 6132 sobre libertad de expresión y difusión del pensamiento, del 15 de diciembre de 1962. Esta nueva normativa tiene por objeto regular la libertad de expresión en todas sus manifestaciones, resguardando los derechos “conexos” a la comunicación social y al ejercicio del periodismo.

Sin embargo, los desafíos que plantea la debida regulación de los medios digitales, especialmente las redes sociales, han generado oportunos foros, diálogos y debate de ideas, impulsadas por la creciente democratización de estas plataformas. En ese contexto, resulta pertinente formular algunas observaciones que sumen a la calidad de esta pieza legislativa.

El proyecto de ley evidencia una tensión visible entre la búsqueda de un equilibrio de la libertad de expresión y la responsabilidad jurídica dentro del ecosistema mediático, tanto audiovisual como tradicional. Entre sus fortalezas, destaca la incorporación de estándares del Derecho Internacional, particularmente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo que contribuye a reducir el riesgo de eventuales condenas internacionales contra el Estado dominicano.

Asimismo, el texto reafirma la libertad de expresión como pilar esencial del Estado de Derecho y de la democracia, y reconoce garantías como el acceso a las fuentes de información, la protección de los derechos de terceros, el honor, la dignidad e intimidad, y la protección reforzada de los derechos de la niñez.

No obstante, el proyecto plantea interrogantes relevantes. Es evidente la ambigüedad normativa en el uso de conceptos como “moral” o “información de interés público”, entre otros, que podrían dar lugar a interpretaciones discrecionales. Esta brecha interpretativa abre la puerta a formas de censura indirecta o a una judicialización excesiva y desproporcionada contra periodistas, directores de medios e incluso sus propietarios. Inclusive, el limitado abordaje de la regulación de las formas de comunicación digital, cuestión que podemos ver en ejemplos que avanzan en la Unión Europea y Estados Unidos con notables contrastes en su marco regulatorio.

En consecuencia, podría generarse un efecto inhibidor que fomente la autocensura, ante la eventual responsabilidad que recaería sobre estos actores por contenidos producidos por terceros o difundidos en sus plataformas. A ello se suma la necesidad de una mayor claridad en la regulación del ecosistema digital, debido a que el proyecto deja un poco borroso en torno a la operatividad de las redes sociales, presentes y futuras, lo que amplía la grieta entre la libertad de expresión y los mecanismos de control de “calidad y veracidad”.

De mantenerse estas imprecisiones, podrían prevalecer escenarios de “litigios” recurrentes contra periodistas, aplicación selectiva de la ley, riesgos financieros para los medios derivados de sanciones, y una carga de responsabilidad personal importante para directores y propietarios.

Por otro lado, la experiencia internacional ofrece referentes relevantes, como la “doctrina de la real malicia”, que, al margen de su viabilidad y aplicación en el contexto local, podría contribuir a delimitar con mayor precisión los casos de difamación e injuria, especialmente cuando involucran a funcionarios públicos, figuras públicas o asuntos de interés general. Al margen del reto que enfrenta en un contexto histórico donde todo el mundo tiene algo que decir.

En esa misma línea, es pertinente citar el planteamiento del expresidente, Leonel Fernández, en su obra “El delito de opinión pública”, donde sostiene que “la opinión, por su naturaleza, no puede ser tratada como delito en un sistema democrático”. Esta afirmación tiene especial relevancia en la actualidad, donde la opinión pública, particularmente en entornos digitales, se ha expandido de manera exponencial y sostenida, cuyo fortalecimiento resulta indetenible con la inteligencia artificial.

De igual manera, advierte sobre el riesgo del “uso expansivo del Derecho Penal” como herramienta para controlar o influir en el discurso público. En este sentido, no solo debe evitarse la censura previa, sino también las sanciones desproporcionadas posteriores, que, en la práctica, pueden producir efectos similares.

De modo que, el principal riesgo de estas modificaciones a la normativa no radica únicamente en su redacción formal, sino en el “alcance interpretativo de sus conceptos”. Porque en la aplicación que de ella hagan las autoridades llamadas a “garantizar libertad de expresión” en la ausencia de límites claros, incurrirían en excesos innecesarios. Concluyamos con una ley vanguardista, justa, equilibrada, basada en el respeto, derechos fundamentales y deberes, así como con sanciones y consecuencias proporcionales al delito o acción atípica.

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