El viernes el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad confirmó lo que se había divulgado más temprano, que Tomás Ozuna Tapia no había sido cancelado. El decreto que lo sustituye fue emitido a petición y eso no fue precisado. El gobierno debe ser más explícito cuando anuncia una decisión. Porque si ese ciudadano pidió salir del servicio público, debió ser comunicado. No presentarlo como si hubiese sido destituido. Fue una dimisión, no una cancelación. Lo que no quedan claras son las causas por las cuales adoptó esa determinación. Él no lo ha dicho. El jueves circuló la versión de que se oponía a ejecutar cancelaciones masivas para complacer a los militantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

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