Cuando a principio de junio pasado el canciller dominicano condenó la detención de varios precandidatos presidenciales en Nicaragua y demandó su libertad, se llegó a pensar que era una opinión personal porque, incluso, nunca más se volvió a tratar ese tema. Pero con la lectura del punto 3 de la Declaración Conjunta de los presidentes de República Dominicana, Panamá y Costa Rica no caben dudas, porque con la firma de Abinader se puede leer que existe preocupación por el deterioro de los derechos humanos allí. Todavía más: se dice que no hay garantías para elecciones libres y se pide la inmediata liberación de los presos políticos y la restitución de todos sus derechos civiles y políticos. No hay dudas de que el gobierno de RD adversa al de Ortega.
