el presidente Luis Abinader ordenó el pasado martes al ministro de Defensa, Carlos Díaz Morfa, instruir a las tropas de servicio en la frontera con Haití no permitir que autoridades civiles, legisladores y políticos interfieran con sus deberes “legales y constitucionales”.
Mediante una comunicación, el presidente expresa: “En el ejercicio de mis facultades como Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas, le instruyo para que en su condición de Máxima Autoridad del Sistema de Defensa y Administrador de los cuerpos armados, instruya a los mismos continuar con los operativos para contrarrestar el contrabando de mercancías a todo lo largo de la zona fronteriza y que estos militares no obtemperen a las llamadas realizadas por autoridades civiles, legisladores y políticos de la provincia que puedan entorpecer sus labores como organismos de inteligencia, circunscribiéndose exclusivamente al cumplimiento de sus deberes legales y constitucionales mediante órdenes de sus superiores”.
El mensaje es curioso. Es una reafirmación de un deber, y como tal, de obligado cumplimiento. En esa perspectiva, sería innecesario. El funcionario se asume con plena conciencia de sus responsabilidades.
El mandato del presidente Abinader debe obedecer a “situaciones”. No pensamos que el ministro esté sometido a presiones de autoridades civiles, legisladores y políticos, que no tienen calidades para pedir u ordenar. Es un funcionario bajo el mando directo del Presidente.
Tampoco suponemos a las “autoridades civiles, legisladores y los políticos”, en acciones que “puedan entorpecer las labores” de los organismos de seguridad. Más bien, están llamados a colaborar para fortalecer su misión.
Quizás el llamado constituye un alerta. Un recordatorio. La historia registra que ciudadanos con roles de autoridad, que políticos en posición de poder, se ven envueltos en ilícitos.
Algunos que al mismo tiempo son negociantes. Otros que trafican con influencias y búsquedas. Y pueden llegar tan lejos como pretender apartar a los militares del cumplimiento del sagrado deber de cuidar la franja fronteriza, de permitir cosas, dejar hacer y dejar pasar.
Y si es así, hablamos de graves amenazas a la seguridad derivadas de quienes menos se espera: “autoridades civiles, legisladores y políticos de la provincia”.
Dijimos que esta exhortación es curiosa. Es más que eso. Y no debe quedar desapercibida.
