En el debate que se suscita alrededor del ingreso básico universal ocurre algo poco frecuente. Una misma idea ha ido encontrando defensores que se ubican en lugares muy distintos del espectro ideológico. No porque exista entre ellos una coincidencia de fondo, sino porque el concepto parece admitir lecturas diferentes y acomodarse a preocupaciones que no siempre tienen mucho en común.
El Universal Basic Income, UBI por sus siglas en inglés, parte de una propuesta fácil de explicar. El Estado entrega periódicamente una cantidad de dinero a las personas, sin condicionarla a su nivel de ingresos ni a una circunstancia particular. La idea parece sencilla hasta que se intenta llevarla a una política pública. Entonces aparecen las preguntas importantes. Cuánto entregar, cómo financiarlo, qué hacer con los programas existentes y qué efectos tendría sobre el trabajo.
Milton Friedman llegó a una idea emparentada desde una preocupación liberal. Su propuesta del impuesto negativo sobre la renta no era un ingreso básico universal en sentido estricto, puesto que la transferencia dependía del nivel de ingresos. Pero había en ella una intuición importante. Si se quería combatir la pobreza, podía ser preferible transferir dinero directamente a las personas antes que construir una maquinaria asistencial cada vez más extensa; dicho de otra forma mas burocrática.
También estaba el problema de los incentivos. Cuando una prestación se reduce o desaparece a medida que aumentan los ingresos laborales, trabajar más puede no traducirse en una mejora equivalente de la situación económica. Para Friedman, una transferencia monetaria más directa ofrecía una opción mas eficiente.
Philippe Van Parijs llegó al ingreso básico desde otro lugar. Su pregunta era más filosófica. Una persona puede ser formalmente libre y disponer, sin embargo, de muy pocas opciones reales si carece de los recursos materiales para ejercer esa libertad.
Recuerdo haber escuchado al profesor Van Parijs, hace ya más de dos décadas, en la Escuela de Verano de la Universidad Complutense de Madrid. Fue allí donde escuché hablar por primera vez del ingreso básico universal. La propuesta me llamó la atención, sobre todo, porque la iniciativa no pretendía solamente aliviar la pobreza. Había detrás una discusión sobre la libertad y sobre las condiciones materiales que permiten ejercerla.
Entre Friedman y Van Parijs existe una distancia considerable. Sus concepciones sobre el Estado, el mercado y la justicia económica no son las mismas. Tampoco sus propuestas pueden confundirse. Pero resulta interesante que el mismo concepto haya podido recorrer esos caminos.
Quizá ahí esté una de las razones de la vigencia del UBI. No pertenece de manera natural a una sola tradición intelectual. Puede surgir como respuesta a problemas diferentes y terminar planteando preguntas que van mucho más allá de la asistencia social.
Y es precisamente ahí donde el ingreso básico empieza a adquirir otra dimensión. Puede ser pensado no solo como una política redistributiva, sino también como un instrumento de desarrollo.
La pobreza tiene que ver con la insuficiencia de recursos. El desarrollo es más exigente. Supone ampliar las capacidades de las personas para estudiar, trabajar, emprender, asumir riesgos o afrontar una crisis sin que un golpe inesperado destruya lo poco que han conseguido acumular.
En una economía con alta informalidad y mercados laborales frágiles, un ingreso regular puede proporcionar algo que muchas familias sencillamente no tienen. Margen de maniobra. Permite afrontar una emergencia sin “quemar” un activo, prolongar la permanencia de un hijo en la escuela o evitar caer en manos del financiamiento usurero para poner en marcha un emprendimiento.
Pero el ingreso no crea por sí mismo las condiciones del desarrollo. No construye una escuela, no mejora un hospital ni sustituye instituciones que funcionan mal. Puede complementar esas condiciones y, en determinadas circunstancias, ayudar a que una familia aproveche mejor las oportunidades que ya existen.
Un UBI significativo cuesta dinero. Y el dinero público siempre tiene un costo de oportunidad. Lo que se destina a una transferencia no puede utilizarse al mismo tiempo para educación, infraestructura, salud o reducción de deuda. La universalidad simplifica la administración y evita que el Estado tenga que decidir permanentemente quién merece una ayuda. Pero también significa transferir recursos a quienes no los necesitan. He aquí el dilema.
Por eso, la discusión seria no termina con la pregunta de si el UBI es una buena idea. Empieza con otra bastante menos atractiva. Qué cantidad puede sostener una economía, cómo se financia y qué lugar debe ocupar frente a otras prioridades públicas.
La transformación tecnológica añade ahora una nueva dimensión al debate.
La inteligencia artificial y la automatización no implican necesariamente el fin del empleo. La historia económica aconseja prudencia. Las nuevas tecnologías destruyen ocupaciones y crean otras. Lo que puede cambiar es la relación entre productividad y empleo y, con ella, la forma en que se distribuyen los beneficios del crecimiento.
Durante mucho tiempo hemos dado por sentado que el trabajo era la principal vía de acceso al ingreso y que ese ingreso constituía, a su vez, la base de la autonomía económica. Esa relación puede seguir siendo dominante. Pero no necesariamente tendrá la misma fuerza en una economía donde algunas tareas puedan realizarse con cada vez menos trabajo humano.
Si esa tendencia se profundiza, el UBI podría ser considerado desde una perspectiva distinta. No solo como una herramienta contra la pobreza, sino como una forma de asegurar que una parte mayor de la población participe de los beneficios de una economía más productiva.
Eso no lo convierte en una solución automática. Un ingreso demasiado bajo puede tener efectos modestos; uno demasiado alto puede ser fiscalmente inviable o desplazar recursos de inversiones esenciales. El diseño importa tanto como la idea.
Tal vez por eso el recorrido de Friedman a Van Parijs resulte tan revelador. No porque ambos hayan defendido lo mismo, sino porque muestran cómo un mismo instinto puede adquirir significados diferentes según el problema que se quiera resolver.
Y quizá ahí esté el verdadero interés del UBI. No en decidir si pertenece a la izquierda o a la derecha, sino en preguntarnos qué ocurre con el ingreso, el trabajo y las capacidades de las personas cuando cambian las reglas de la economía.
Visto desde esa perspectiva, el ingreso básico universal deja de ser únicamente una discusión sobre transferencias. Puede convertirse, bajo determinadas condiciones, en una conversación sobre productividad y desarrollo.
