En varios artículos anteriores hemos abordado el rol histórico y actual de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), no solo en términos de su quehacer educativo en la República Dominicana, sino también su rol social y político: unas veces coadyuvando a los fines y objetivos gubernamentales y otras veces como órgano de oposición gubernamental (Rodríguez, 2017). Hemos valorado las luchas y gestiones de la ADP por las reivindicaciones relativas a la calidad de vida personal y profesional del docente (salario, seguro médico, oportunidades de formación, etcétera) y a aspectos sustantivos de la escuela (infraestructura, equipamiento).
A partir del Pacto Educativo que suscribimos ya hace cuatro años son numerosas las reivindicaciones que han sido cumplidas y que es justo reconocer. Hoy el maestro dominicano y los directivos del sistema gozan de unos niveles de salarios dignos, se han mejorado las prestaciones de servicio de salud, es significativa la inversión del Estado dominicano en formación inicial y a nivel de posgrado, a través del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM), amén de haber cumplido con otros viejos compromisos que, por demás, consigna el Pacto. Es cierto que persisten grandes desafíos a los que todos los ciudadanos debemos estar pendientes. Ahora bien, ¿cómo puede ser que aún hoy la suspensión de la docencia sea el principal instrumento de lucha para algunos sectores a lo interno de la ADP?
Recordemos que la Acción Empresarial para la Educación (EDUCA) denunció que el costo de un día sin docencia en las escuelas públicas, asciende a 500 millones de pesos. Ese costo económico es enorme, pero es aún mayor el costo de oportunidad para las familias y los niños de estratos socioeconómicos más desfavorecidos. El pasado año se convocaron varios paros y movilizaciones por diferentes razones: reclamo del pago a los profesores que fueron bloqueados producto de la auditoría interna realizada por el Ministerio de Educación, paros en varias seccionales en procura de que el Ministro realizara un concurso de oposición para los nombramientos de los directores regionales y distritales, entre otros. Actualmente, el gremio amenaza con desestabilizar el Sistema Educativo con movilizaciones en este año escolar que recién inicia. Dentro de sus demandas estarían: pago de los incentivos por Evaluación de Desempeño a los docentes que todavía no se les ha aplicado y a los evaluados recientemente (directores, bibliotecarios, orientadores…), mejora de las condiciones de algunos centros, aumento de salario para los pensionados, etcétera.
Apelo de nuevo a la madurez y sensatez de los gremialistas. Conviene reinventar nuevas formas de luchas que no comprometan un solo día de docencia, alimentación y seguridad de nuestros niños.
