Consejo gratuito al Gobierno

No me gusta dar consejos a quienes manejan el Estado, y mucho menos si no los han pedido. Pero a veces uno siente que el silencio se vuelve cómplice, y entonces toca hablar. Hoy, con todo respeto, me permito ofrecer esta asesoría gratuita: iniciar procesos legales contra comunicadores sociales por opiniones o críticas públicas no es una buena idea. Ni política, ni simbólicamente. No lo es aunque tengan razón legal, porque en política no basta con tener la razón: hay que parecer razonable.

Cuando un alto funcionario responde con abogados, expedientes y tribunales a lo que debería responder con argumentos, lo que transmite no es dignidad, sino debilidad. Desde fuera, no se ve un servidor público defendiendo su honor: se ve poder mal utilizado, se ve una escena desproporcionada, casi tragicómica. Dos adultos con poder institucional y tiempo de sobra enfrentados a comunicadores que, para bien o para mal, son parte del paisaje democrático. Y todo por una frase, una crítica, una exageración. ¿Vale la pena?

Quizás el funcionario en cuestión se sienta moralmente herido, quizás crea que está dando un ejemplo de firmeza. Pero no es así como se interpreta en la calle. Porque la calle —ese 90% de la población que ve televisión, redes y titulares— no analiza el Código Penal. Lo que la gente ve es un funcionario bajándose de una yipeta con escolta, cruzando la puerta de un tribunal con traje planchado, para litigar por su imagen personal. No lo ven defendiendo al Estado. Lo ven pagando abogados caros —con tiempo o con recursos— para resolver asuntos privados desde una posición pública.

No es que los funcionarios no tengan derecho al honor. Lo tienen, como todos. Pero tienen, sobre todo, una responsabilidad mayor: la de comprender que el poder se legitima no a través de la censura, sino soportando la crítica. La libertad de expresión no es cómoda, pero es el precio de la democracia. Y si alguien no quiere pagar ese precio, debería abstenerse de la vida pública.

Una democracia sólida no se construye con querellas, sino con capacidad de escucha. Gobernar es entender que las palabras —incluso las injustas— no se combaten con sentencias, sino con razones. No hace falta ser jurista para saber que el poder no se mide por cuántos callan, sino por cuántos pueden hablar sin miedo.

Demuéstrame que estoy equivocado.