La corrupción administrativa

El derecho a la vida establecido en el artículo 37 de la Constitución y en los diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos que el apís aprobó, no se vulnera únicamente cuando alguien mata a otra persona. También puede resultar afectado cuando el Estado incumple su deber de prevenir riesgos, garantizar servicios esenciales y proteger a quienes dependen de sus instituciones.

Una compra sobrevaluada de medicamentos reduce la cantidad de tratamientos disponibles. Una obra construida con materiales deficientes puede derrumbarse. Un permiso concedido irregularmente puede permitir que una empresa opere sin cumplir normas de seguridad. Una inspección omitida a cambio de dinero puede dejar abiertas las puertas a una tragedia.

La corrupción también decide quién recibe protección y quién no. Quienes dependen completamente de los servicios públicos deben aceptar hospitales desabastecidos, ambulancias tardías, carreteras peligrosas y emergencias debilitadas.

Por eso, el dinero público destinado a salud, seguridad, infraestructura y prevención no puede tratarse como una simple partida presupuestaria, representa la capacidad estatal para evitar muertes. Cuando esos fondos son desviados, o administrados sin controles, se reduce la posibilidad de respuesta en el momento decisivo.

Combatir esta realidad exige algo más que encarcelar a quienes sustraen recursos. Se necesita identificar los riesgos antes de que produzcan daños, vigilar las contrataciones, comprobar la calidad de los bienes recibidos, proteger a quienes denuncian y establecer responsabilidades cuando una omisión administrativa provoca consecuencias previsibles.

No basta con saber cuánto dinero desapareció, también hay que preguntar cuántos medicamentos no llegaron, cuántas inspecciones no se realizaron, cuántas ambulancias dejaron de funcionar y cuántas vidas pudieron protegerse.
En síntesis, la corrupción administrativa no siempre empuña un arma, a veces firma un contrato, autoriza pagos, guarda silencio ante irregularidades. Pero sus consecuencias pueden ser igualmente irreversibles. Detrás de cada irregularidad administrativa existe un costo humano que no siempre aparece en los expedientes.

Cuando el Estado permite desviar recursos destinados a proteger la salud de las personas, esto tiene un costo muy alto, porque quienes fallecen por esta situación, terminan financiando y beneficiando con sus vidas a particulares, la corrupción deja de ser solamente un delito contra la Administración pública.