Desde 1995 sucesivos gobiernos norteamericanos han mantenido en vigor la política de “pies secos y pies mojados” para los emigrantes ilegales cubanos que intentaban llegar a sus costas. Los que lograban pisar suelo norteamericano, eran inmediatamente admitidos en el país, recibiendo beneficios, subsidios y la residencia al cabo de un año. Los que eran interceptados en alta mar, eran devueltos a la isla.
En rigor, no se trataba de un acto humanitario, ni de respeto hacia ese pueblo, sino de un complemento de la llamada “Ley de Ajuste Cubano”, vigente desde 1966, la cual constituye, pues no ha sido derogada aún, el principal y más poderoso incentivo para una emigración desordenada y riesgosa, pensada como herramienta política dirigida a erosionar, y a la larga destruir a la Revolución cubana.
El pasado 12 de enero, en uno de los últimos actos de la administración saliente de Barack Obama, la Casa Blanca anunció el fin de la política de pies secos y mojados, o lo que es lo mismo, que no se permitirá la entrada ilegal a su territorio de ciudadanos cubanos carentes de visado, ni más ni menos, lo mismo que hoy se aplica para el resto de las personas del planeta. También desactivó el programa que estimulaba la deserción de médicos cubanos que cumplen misiones en diferentes naciones.
Esta noticia fue saludada por el gobierno cubano, y la inmensa mayoría de su pueblo. Se desactivaban, al fin, algunas de las partes de una maquinaria siniestra que por décadas alentó y protegió las ilegalidades, el tráfico de personas, el secuestro de aeronaves y embarcaciones, y el robo de profesionales, vulnerando la propia seguridad norteamericana y sentando un funesto precedente de ruin politización en un tema tan sensible como el de las migraciones. Estos incentivos actuaban como un poderoso imán, atrayendo con promesas y privilegios a los cubanos, no importaba si en la travesía riesgosa por el mar, muriesen ahogados no pocos de ellos. Muchas son las familias cubanas que guardan luto por la insensatez criminal de tales prácticas.
El presidente Obama, antes de su partida, daba un paso más en la dirección positiva, en lo tocante a las relaciones con Cuba. La presente medida se suma al restablecimiento de las relaciones diplomáticas plenas, a partir del 17 de diciembre de 2014, y a otras decisiones que han permitido un acercamiento respetuoso entre ambos gobiernos, y el avance de negociaciones que van desde la coordinación de políticas ambientales y de protección civil, la apertura aún tímida del comercio, las comunicaciones y el flujo de viajeros, hasta los resarcimientos e indemnizaciones que ambas partes han presentado.
Claro, que no todos apoyan la decisión de Obama, en primer lugar, aquellos que han hecho de la confrontación y el acoso contra Cuba un seguro y lucrativo medio de vida. Tampoco aquellos cubanos que planeaban emigrar por la vía rápida y privilegiada, la mayor parte de ellos por razones más económicas que políticas, como ocurre en tantos otros países del mundo, incluyendo República Dominicana. Ahora estos últimos podrán emigrar, pero a través de los mecanismos legales establecidos, y no a través de actos riesgosos y delictivos. Cuba, por supuesto, también tiene leyes que deben ser respetadas y cumplidas.
Las proyecciones antiinmigrantes del presidente electo, Donald Trump, no auguran una marcha atrás en estas decisiones finales de la Casa Blanca. Un mundo lleno de dilemas y amenazas de todo tipo, entre ellas el auge del terrorismo, la trata de personas y el narcotráfico, tampoco lo aconsejan.
Mucho queda aún por hacer para que Cuba y Estados Unidos restablezcan la normalidad de sus relaciones, y construyan una convivencia civilizada, pacífica, respetuosa y segura. Serían bienvenidas acciones tales como el fin del bloqueo económico y financiero contra la isla, la devolución de la base naval de Guantánamo a su legítimo dueño y la derogación de la Ley de Ajuste Cubano. Pero sin dudas, las más recientes medidas ponen en perspectiva positiva este proceso, afianzándolo y ampliándolo, para bien de ambos pueblos y de la humanidad.
