Reformar instituciones es una de las tareas más difíciles, sobre todo si se quiere hacerlo bien, pues encontrar el equilibrio entre respetar los postulados democráticos escuchando los distintos puntos de vista con la apertura para aceptar los que sean válidos, y tomar oportunamente las decisiones que se entienden necesarias y correctas aunque estas generen naturales disgustos, constituye un desafío, sobre todo en tiempos en que la inmediatez y la efervescencia priman, y mucha gente es prisionera de la aprobación momentánea, y subestima el reconocimiento del mediano o largo plazo.
Y cuando se trata de reformar un Estado el reto es mayor, pues no solo engloba múltiples instituciones, sistemas, legislaciones y prácticas, sino que las decisiones no dependen solo del gobernante de turno, y aunque tenga las mayorías congresuales para garantizar aprobaciones, o respaldo de la población, el costo de las medidas debe pasar por distintos cedazos, y habrá siempre una tendencia a no tocar ciertas teclas por temor a las consecuencias, y estas generalmente están implicadas con las raíces de los problemas a solucionar.
Por esto es importante definir prioridades, determinar en cuales áreas se quiere dejar una huella y cuales asuntos son impostergables pues, aunque el catálogo de temas a transformar sea muy grande y quizás también las ganas de hacerlo, lo más realista es pensar que solo algunos aspectos podrán ser atacados con éxito hasta lograr un cambio, y mucho más cuando se tiene en contra el reloj que cada segundo recuerda el inexorable paso del tiempo y que por tanto son menos los años, meses, días y horas del período concedido para hacer realidad lo que se haya prometido o lo que se haya soñado hacer.
A un año de las elecciones en las que el presidente Luis Abinader obtuvo su segundo mandato, de las doce reformas que propuso a inicios de su primer mandato y envió al Consejo Económico y Social, esto es la reforma de la transparencia y la institucionalidad, la de los sectores eléctrico, agua, e hidrocarburos, la de la Policía Nacional, la de modernización del Estado, calidad educativa, de seguridad social, del transporte, de transformación digital, la reforma fiscal integral y la laboral; ya sabemos las que lamentablemente han sido descartadas como la fiscal, las que exhiben algunos avances como la policial, pero les queda un largo trecho por recorrer, las que luego de un impulso inicial parecen estancadas como la del transporte, las que se han hecho parcialmente como la del sector eléctrico sin atacar la raíz del problema, el déficit de la distribución, o pretenden hacerse así, como la laboral sin revisar la cesantía, y cuales parecen que no pasarán de ser proyectos de ley destinados a eternizarse o perimir como desgraciadamente parece ser el caso con la de seguridad social.
A estas reformas hay que añadir muchas otras anunciadas o cuyos proyectos de ley se han depositado en el Congreso, y es evidente que no habrá ni el interés ni el tiempo suficiente para impulsarlas y concretarlas todas, así como existen muchas cuyas leyes fueron aprobadas, pero se sigue esperando distintos reglamentos requeridos para su cabal aplicación, como es el caso de la Ley de 225-20 de Residuos Sólidos y la Ley 63-17 de Movilidad y Transporte.
Lo sensato sería que nuestras autoridades ausculten el sentir de la población para determinar cuáles reformas deben estar en primera línea y no pueden esperar. Dentro de esas prioridades sin dudas debe estar la de regular el tránsito vehicular, lo que requiere más de firmeza, continuidad y decisión que de recursos, y aunque empresarios del transporte, gremios de choferes e inveterados violadores de la ley protesten, la población que pierde tiempo, salud y paz enfrentándose todos los días al caos vehicular sabrá apreciar un real intento de aplicar la ley, poner orden y civilidad. Ninguna reforma tendrá un efecto tan multiplicador como esta, ni será de tanto alcance pues estará a la vista de todos, pero como son muchos los pasos en falso que se han dado, los errores cometidos, los negocios destapados, las cortinas de humo lanzadas, esperemos que se piensen bien las medidas y acciones a tomar, y que estas se apliquen con rigor, pero con apego a la ley.