La Junta Central Electoral (JCE) viene trabajando en la modernización de sus procesos en la búsqueda de la agilidad de las votaciones y obviamente también de la confianza de la ciudadanía en sus resultados. El sistema de votación electrónica o automatizada, atada al padrón de electores, se inscribe dentro de ese empeño.
Ese esfuerzo de modernización como expresión de avance de las instituciones no es único de la JCE, sino característica de estos tiempos: la automatización para mejorar trámites y procedimientos generales.
Como innovación, implica cambios. Y el cambio siempre genera incertidumbre. ¿Cómo funcionarán las cosas con un sistema que se está implantando en una organización o un país? Esa pregunta es inevitable. Es la manifestación instintiva sobre lo nuevo.
Por eso, las organizaciones tratan de agotar todo un programa de información, demostración y entrenamiento sobre el producto, sistema o procedimiento que se persigue implantar.
En el caso de la JCE, la cuestión se torna todavía mucho más compleja y sensible, toda vez que se trata del órgano encargado de administrar el proceso mediante el cual la sociedad decidirá el futuro de la dirección del Estado.
Se trata de una grave responsabilidad que debe ser cumplida siguiendo los mejores protocolos de gestión para que todo salga bien.
Y no sólo que salga bien, sino que los ciudadanos estén persuadidos de que todo cuanto se hace obedece a ese propósito.
Es la garantía de que la voluntad ciudadana depositada en las urnas responderá efectivamente a la realidad.
La confianza es esencial, y con ella la credibilidad, palabras clave para el ejercicio del derecho al voto, como estímulo para los ciudadanos concurrir a las justas cívicas, y para los candidatos, certeza de que en forma alguna habrá espacio para la defraudación o el engaño.
En esa dirección, todo cuanto se haga para garantizar el derecho a la elección, en un ambiente libre y seguro, servirá para fortalecer la democracia.
Importa que la JCE esté dispuesta a someterse a cualquier auditoría, de modo que sus procedimientos resistan cualquier crítica o cuestionamiento. Sólo en esa medida estará robusteciendo en la ciudadanía la fe en una institución fundamental para la vida de la República.
