Notamos premura para introducir modificaciones a la Carta Magna, en medio de un debate contaminado por el partidismo político y un marcado énfasis del Ejecutivo para que se produzca en la actual coyuntura.
La prisa, que siempre ha sido mala consejera, debiera estar ausente al abordar tan importante tema, así como el revanchismo y la pugnacidad porque lo que se pretende reformar, la Constitución, es lo que el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, reivindica “como un texto casi sagrado para unir, no para desunir, y para multiplicar el sentimiento democrático, no para disminuirlo”.
Anteponemos a la confrontación y a la precipitación que campea en este proceso la recomendación general que, en una visita al país en febrero, hizo el presidente del Tribunal Constitucional de España, Pedro González Trevijano:
«Una reforma Constitucional debe de satisfacer requisitos de sentido común, instrumentalizarla en un momento de distensión política, tratar de tener el mayor respaldo político y saber por qué se reforma, qué se reforma y para qué se reforma».
González Trevijano se cuidó de aclarar que sus declaraciones eran de carácter general y teóricas, que nada tienen que ver con el proceso de modificación constitucional de República Dominicana.
En igual tesitura Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), advirtió que la experiencia ha demostrado que quienes han auspiciado una reforma constitucional sin haber estado precedida de un pacto político, social y jurídico, han terminado mal.
Incluso, otras voces agregan que hay reformas más prioritarias, como la policial y la de las leyes electorales y de partidos, presionadas estas últimas por los plazos para los comicios municipales y nacionales y sus procesos previos.
Consignar en la Constitución un Ministerio Público independiente es el motivo que inspira el proyecto de ley de convocatoria de la Asamblea Revisora, que ha llegado desde el Poder Ejecutivo porque el presidente lo considera un legado que hará a la institucionalidad y al sistema de justicia.
Así las cosas, mientras mayor sea el consenso y menor la imposición, mucho más se agigantará la figura y el nombre del proponente.
