Imaginamos que la inmensa mayoría del pueblo dominicano desea que las próximas elecciones municipales y distritales, nacionales, y congresuales se desarrollen dentro de los más altos estándares de organización, caracterizadas por normativas generales aceptadas por todos, de modo que no haya motivos para cuestionamientos. En fin, que la próxima jornada democrática sea ejemplar.
Para que eso ocurra, es ahora cuando deben adoptarse las resoluciones y medidas que garanticen el propósito al que todos aspiramos. Y la primera institución llamada a trabajar en la dirección adecuada es precisamente la Junta Central Electoral (JCE).
El pasado 2 de este mes elCaribe advertía sobre diferentes situaciones que giran en torno a la JCE, y considerábamos que en cualquiera de los casos ese órgano estaba en la obligación de atender y resolver con propiedad y sentido de oportunidad.
No acabamos de salir de la queja sobre la composición de las juntas municipales, en el supuesto de que estarían controladas por “agentes” al servicio del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), alimentados a través de la nómina pública.
La denuncia podía atribuirse al protagonismo de los actores políticos, pero como quiera requería una averiguación, aunque sabemos que las juntas suelen ser escogidas en procesos abiertos, con la participación de los propios partidos y las entidades de la sociedad civil en los municipios.
Aunque el asunto fue abordado en la reunión del 2 de este mes, aún no se tienen todas las respuestas.
Ahora acabamos de conocer la decisión de la JCE sobre el arrastre de los votos de los diputados en favor de los senadores. Para muchas voces, el sentido de la ley se ha complicado y probablemente la cuestión terminará en el Tribunal Constitucional.
Estos son apenas dos de los tantos problemas. No pensemos en las implicaciones mayores sobre el mentado voto electrónico.
Los partidos y la ciudadanía deben ayudar a la JCE a cumplir su papel. Debe evitarse distraerla de lo fundamental y no erosionar su base de sustentación que es la credibilidad, pero es esa institución la más llamada a proceder de tal manera que sus decisiones no alienten los infiernos de las confrontaciones.
