La migración de ciudadanos haitianos hacia la República Dominicana y los problemas que plantea su presencia masiva cobra mayor interés y una inevitable atención.
Es una vieja preocupación que se reaviva ante el hecho indesmentible de una presencia cada día más extendida, desde las latitudes fronterizas hasta el extremo Este de la isla. Más allá de los trabajadores cañeros contratados para tal fin por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y por las empresas privadas nunca se había visto tanta presencia y participación haitiana en esa zona. Igual ocurre con su participación en actividades agrícolas en las zonas montañosas, antes muy escasa.
Más allá del conflicto que planteó la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, la cuestión migratoria no había sido parte importante de ninguna rendición de cuentas de los jefes de Estado. Esta vez el presidente de la República debió incluir en su informe algunos conceptos acerca de la integridad del territorio nacional y la necesidad de asegurar la frontera.
El mandatario se centra en el cuido de la frontera y el control sobre los puntos neurálgicos por las vías de infiltración de ilegales. Pero más que eso, la expansión de la migración obliga a políticas más asertivas en todo el territorio, sobre lo cual nada dijo.
El país es foco de atención de los organismos defensores de los derechos humanos asociados a la presencia de esa población irregular que reclama derechos de ciudadanía infundados, sólo avalados a fuerza de presión internacional.
La semana pasada Amnistía Internacional anduvo sobre sus viejos pasos. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) sesionó el pasado lunes en Bogotá y allí grupos interesados replantearon los mismos temas vinculados a la sentencia 168-13. Es decir, que cada día el problema se acrecienta sin la adecuada atención del gobierno nacional.
Podría concordarse con el canciller Miguel Vargas en que “la migración no es ni positiva ni negativa en sí misma: depende de la adecuada gestión del fenómeno por parte de los Estados”. Pero la dirección que se advierte en las políticas nacionales y de los agentes internacionales acompañantes parece orientada a convertir el país en un estado binacional, donde cohabiten dos nacionalidades con derechos adquiridos, lo que proyecta una visión muy difusa del Estado nacional.
