España tiene un nuevo presidente, el líder socialista, Pedro Sánchez, quien sustituyó a Mariano Rajoy, otro caído por efecto de la corrupción que va de un extremo a otro del mundo, desbancando gobernantes o líderes. América Latina no ha sido ajena al fenómeno, desde finales del siglo pasado.
Rajoy cae dentro del esquema predominante, en el cual la judicialización se vincula a determinado comportamiento en la administración de los bienes públicos o en la mala conducción del Estado frente a los gobernados. A veces, los gobernantes logran terminar sus mandatos, pero quedan a merced de la persecución judicial, sea por iniciativa de la justicia o por presiones de instituciones de la sociedad.
De modo que pierden el poder elementos elegidos mediante el ejercicio del voto popular, en atención a los procedimientos previstos en los sistemas establecidos, e igual resultan defenestrados a través de instrumentos previstos en las leyes.
Rajoy permaneció en la presidencia de España desde 2011, después de una larga carrera en diferentes funciones públicas, hasta ahora, que cae por un escándalo de corrupción que lo persiguió por un largo período, la llamada trama Gürtel, una asociación en la que participaron empresarios y políticos vinculados al Partido Popular (PP).
La investigación de esa trama se inició en noviembre de 2007 a cargo de la Fiscalía Anticorrupción y la semana pasada llegó a término en la Audiencia Nacional, que distribuyó 351 años de prisión entre 29 procesados, varios ex dirigentes del PP, al cual condenó como institución a pagar 245,492 euros, como “partícipe a título lucrativo” de la trama corrupta.
La sentencia, sin proponérselo expresamente, condenó a Rajoy, toda vez que arrasó con su credibilidad, pues antes había declarado ante jueces que ignoraba cualquier financiación ilegal de su partido.
La caída de Rajoy constituye otra lección para los liderazgos a nivel global. Cada vez se requiere más transparencia para ejercer un gobierno de aprobación popular.
El camino para cumplir el mandato constitucional no debe ser asegurarse un “blindaje” mediante el control de los demás poderes del Estado. Es gobernando bien, con una sana administración de los bienes públicos, en respeto al grave compromiso contraído con el pueblo.
Pedro Sánchez, el elegido por el Congreso de Diputados de España, carga con ese compromiso.
Es otra lección para los liderazgos.
