La forma prevista en la Constitución de la República para renovar el gobierno democrático es mediante elecciones municipales, congresuales y presidenciales.
El sistema político tiene en la Junta Central Electoral (JCE) la responsabilidad de administrar los diferentes procesos para que se cumplan esos propósitos.
El Estado dominicano, a través del Presupuesto de la Nación, y con la iniciativa del gobierno nacional, debe crear las condiciones materiales y especialmente económicas para que la JCE cumpla su cometido, lo mismo que fortaleciendo el régimen de garantías para los ciudadanos.
La norma fundamental también prevé que los instrumentos mediante los cuales los ciudadanos ejercen su derecho de elección son las organizaciones políticas.
Todo lo anterior es elemental y debe cumplirse cabalmente. Sin embargo, en la historia del país esas reglas no se cumplen a plenitud y los actores no juegan los roles según la ley y la aspiración de la ciudadanía.
En más de una ocasión, la Nación ha estado al borde de graves conflictos a consecuencia de la desnaturalización de los procesos, sea mediante el manejo acomodaticio de las instituciones responsables de garantizar la integridad de dichos procesos o por el uso abusivo del poder.
Nos acercamos a las elecciones de 2020 y surgen preocupaciones acerca de temas atinentes a la transparencia y seguridad de las votaciones. Asimismo, inquieta lo relativo a la equidad en la competencia, de modo que elementos que no se correspondan con la idoneidad puedan generar resultados que no respondan a la voluntad popular.
Que ocurra ahora es muy bueno, porque brinda la oportunidad para que quienes tienen la responsabilidad de organizar unas elecciones creíbles y justas, que no den lugar a dudas, pueden tomar las previsiones de lugar.
Ayer, un grupo de organizaciones sociales presentaron una declaración denominada “Manifiesto Ciudadano por un Sistema Electoral Transparente” en el que se plantean inquietudes que merecen ser tomadas en cuenta.
Por la salud de la democracia dominicana.
