La sentencia del Segundo Tribunal Colegiado de la Provincia Duarte mediante la cual condenó a Marlon Martínez a 30 años de prisión por el aborto y subsecuente homicidio voluntario, bárbaro, de la jovencita Emelyn Peguero; y a Marlín Martínez, a 5 años de encierro sólo por los delitos de sustracción de la menor y ocultamiento del cadáver, agregó esta semana un elemento más de frustración en la sociedad.
La reacción más enérgica se produjo en San Francisco de Macorís, municipio cabecera de la provincia, con una tradicional sensibilidad de sus pobladores por las causas sociales y humanas. Sus ciudadanos esperaban condenas condignas para ambos, pero el tribunal desestimó los cargos del Ministerio Público contra la madre del principal acusado y se limitó a responsabilizarla por la violación de los artículos 354 y 359 del Código Penal sobre sustracción de menores y ocultamiento de cadáveres.
Aparentemente, los jueces no encontraron los elementos típicos de la complicidad en el crimen de Emelyn, que de acuerdo al artículo 59 del Código Penal prevé una pena inmediatamente inferior a la que corresponde al autor del crimen o delito, lo que provocó la indignación de los macorisanos y de buena parte de la sociedad.
Podría considerarse en abono a los jueces que el Ministerio Público no fue lo suficientemente convincente para probar la complicidad de la madre del autor del homicidio voluntario, pero los hechos que rodearon la muerte de la menor gravitan demasiado como para que no pudieran ser percibidos en los términos que prevé la ley.
Como la “íntima convicción del juez” es parte de la historia, y todo debe ser remitido a las pruebas, el Ministerio Público tendrá que hacer todo lo necesario para representar a la sociedad de la mejor manera, para evitar que la justicia mediática o los foros propios de las redes sociales no induzcan a conclusiones preestablecidas. El descrédito de la justicia simplemente se acrecentará.
Mientras tanto, la cosa no está irremisiblemente decidida, y corresponderá a la Corte de Apelación valorar los elementos que necesariamente se presentarán ante una sentencia que podría considerarse “coja”.
La sociedad está muy sobrecargada de ofensas, y cada acción de los poderes debe ser adoptada con el más alto sentido de calidad en el cumplimiento del mandato de la ley.
