Ayer en la tarde se produjo el primer incidente con violencia a consecuencia del enfrentamiento en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por el propósito de reformar la Constitución de la República para habilitar al presidente Danilo Medina.
Desde el fin de semana, el área frontal del Congreso Nacional fue militarizada. Se supone que a petición de uno de los presidentes de las cámaras o a iniciativa de la jefatura de la Policía Nacional y el ministerio de Defensa. En el despliegue de fuerza hay efectivos de la Policía y del Ejército Nacional.
Los hechos de ayer se pueden interpretar como la antesala de lo que podría avecinarse a propósito de la lucha de poder en el partido gobernante.
Si es el principio, lo menos que podría producirse es un rompimiento de la unidad del PLD, entre reeleccionistas y anti reeleccionistas. El resto es un imponderable.
Como se trata del partido en el poder, con preminencia en el Poder Ejecutivo, en el Congreso, en el Poder Judicial bajo su influjo y en los municipios, no hay que descartar que la confrontación impacte la institucionalidad.
Recurrir a militares y policías para impedir una manifestación contra los intentos de reforma, es absolutamente injustificado. Ha habido una excesiva utilización de la fuerza contra quienes pretendían montar una vigilia, y contra diputados opuestos a la reelección.
Los peledeístas están jugando al poder. Tienen que darse cuenta que impactan el clima de paz y tranquilidad, ya de por sí tenso por múltiples factores, entre ellos la inseguridad ciudadana.
El primer deber de quienes gobiernan es mantener el orden, evitar la violencia y proteger la institucionalidad.
Preocupa el curso que toma el proceso político, especialmente en la medida en que una reforma constitucional marcada por forcejeos o violencia involucre a otros sectores.
Ya de las acusaciones y contraacusaciones, ataques verbales e insultos, se pasa a las vías de hecho. A la violencia frente al Congreso Nacional, con el uso de la fuerza pública.
La esperanza es que los asuntos sean tratados civilmente, sin el uso de militares y policías para reprimir a quienes ejercen el derecho a protestar pacíficamente.
