Frente al problema de la inseguridad ciudadana y al fracaso que suelen tener las autoridades no sorprende que la industria de la seguridad privada haya experimentado un notable crecimiento.
Existen estadísticas que muestran que a nivel mundial el negocio de la seguridad ha crecido de manera sostenida. Algunas llegan a sostener que “el sector privado de la seguridad crece dos veces más rápido (8.9 %, desde 2001 hasta 2005) que el conjunto de la economía mundial (4%, en 2005)”.
En República Dominicana, por ejemplo, es notable el crecimiento experimentado en el número de empresas de seguridad privada que operan en la actualidad. Conforme revelan datos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, hoy día unas doscientas cuarenta empresas privadas ofrecen el servicio de vigilancia con armas de fuego.
Ni decir el crecimiento que ha experimentado el mercado de la vigilancia electrónica. Es notable la presencia, en casi todos los lugares, de cámaras de vigilancia. Los dueños de negocios y de residencias las colocan como forma de reforzar su propia seguridad, bajo la creencia -cierta o falsa- de que tales dispositivos pueden, incluso, tener efecto disuasivo frente a la delincuencia.
Incluso nuestras autoridades han apelado a la instalación de redes de cámaras de seguridad bajo el control del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 que ayudan a eficientizar la seguridad ciudadana.
En algunos países, estos sistemas, se encuentran reforzados por sofisticados programas informáticos que permiten la rápida identificación de potenciales delincuentes a través del reconocimiento facial.
Los lectores de huellas digitales y los que operan mediante la identificación del sistema ocular sirven de soporte a los sistemas de seguridad de diversas instituciones públicas y privadas.
La colocación de sistemas de posicionamiento global (GPS) en los automóviles ha crecido notablemente en los últimos años.
El crecimiento de la industria de seguridad privada plantea, de forma inevitable, algunas preguntas que tienen que ver con la equidad de esa privatización de la seguridad.
¿Sólo los ciudadanos con poder adquisitivo tienen derecho a estar a salvo? ¿La seguridad es un derecho de algunos ciudadanos o es un derecho de todos? ¿Cuál es el papel que debe jugar el Estado en lo atinente a la seguridad pública? Y, finalmente, ¿Es o no rentable la permanencia de la inseguridad? Después de todo, de algo tiene que vivir el mercado.
