La elección de un nuevo pleno de la Junta Central Electoral distante de las influencias partidistas y por tanto en condiciones idóneas para organizar procesos electorales transparentes y pulcros, sigue a la impronta del gobierno del presidente Luis Abinader de producir cambios ante lo que constituyeron prácticas lesivas al comportamiento ético e institucional que deben asumir los órganos rectores del Estado, durante el gobierno del PLD.
El grave deterioro de la confianza de los ciudadanos en la mayor parte de las entidades estatales va quedando atrás cuando se comprueba cómo Luis Abinader ha venido designando o auspiciando que personalidades de pulcritud ética a toda prueba pasen a asumir el liderazgo de relevantes funciones de la administración pública.
Fue así como Abinader designó a las magistradas Miriam Germán y Yeni Berenice Reynoso al frente de la Procuraduría General y Procuraduría Adjunta de la República, respondiendo a un clamor nacional que demandaba sanear la conducción de un Ministerio Público que había perdido la calidad de defensor de la sociedad y el respeto ciudadano.
Encargó también a la ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, personalidad de respetada reciedumbre moral, como directora General de Etica e Integridad Gubernamental, designación complementada con el nombramiento de Carlos Pimentel, hasta entonces director ejecutivo de Participación Ciudadana, como director general del Sistema de Compras y Contrataciones Públicas.
Bajo el presente gobierno fue impuesto un fuerte registro de Declaraciones Juradas de Bienes, marcando el Presidente la seriedad del proceso al poner el ejemplo de transparencia de los funcionarios en su rendición de cuentas, incluso estableciendo penalidades para quienes no depositaran sus cuentas en los plazos correspondientes.
Otro importante ejemplo ha sido la descentralización y mayores rigores en el control de los planes sociales de la Presidencia, mientras que el Despacho de la Primera Dama dejó de ser una fuente de gastos desproporcionados e innecesarios.
Otros dos hechos, uno consumado y otro en proceso que marcan los cambios impulsados por el nuevo gobierno es la decisión de la Cámara de Diputados de cesar la aberrante práctica de sustituir a los diputados cesantes en ejercicio por hijos u otros familiares, como si las posiciones electivas en el estado fueran herencia familiar, y promover que la elección de la nueva Cámara de Cuentas siga el derrotero de idoneidad de la elección del pleno de la JCE.
Son cambios y reformas tangibles que deben ser valorados y reconocidos en su justa dimensión, hasta que toquemos un punto de inflexión frente al desorden a que fue sometido el Estado, y que justo hoy, cuando se cumple un nuevo aniversario de la Constitución, es justo ponderar.
