Extensión responsabilidad penal personas jurídicas

El reconocimiento de la posibilidad de imputar responsabilidad penal a las personas jurídicas resulta absolutamente imprescindible y prácticamente inevitable en una sociedad postindustrial como la actual.

Ley número 74-25, que instituye el nuevo Código Penal, establece en su artículo 11, que: “Extensión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Cuando existan varias personas jurídicas o pluralidad de sociedades, la responsabilidad penal se extenderá a la persona jurídica que mantenga el control legal o de hecho de la que cometió la infracción, según los criterios fijados en los artículos 8, 9 y 10 de este código”.

Así, por ejemplo, nos encontramos con que se propone atribuir responsabilidad penal a la persona jurídica por los hechos delictivos que hubiesen cometido quienes actuasen en su nombre o representación (criterio formal de atribución) o por aquellos que realizasen quienes, pese a no ostentar su representación legal, si ostentasen y ejerciesen competencias de decisión o de control sobre su actividad (criterio material de atribución).

Si realizamos una lectura conjunta, el artículo 9, instituye la “Responsabilidad compartida. La responsabilidad penal de las personas jurídicas no excluye la de cualquier persona física que haya comprometido su propia responsabilidad en los mismos hechos, sea como autor o cómplice”.

Se afirmaría entonces que las personas jurídicas responderían por los delitos que cometiesen las personas físicas que fuesen, de una u otra forma, quienes decidiesen su actuación en el mercado. Es decir, responderían por los delitos que cometerían quienes actuasen como su alter ego físico frente a terceros.
Las personas jurídicas constituyen, al día de hoy, el grupo más nutrido, importante y poderoso de los actores económicos. La cada vez mayor exigencia de acumulación de capitales y recursos para realizar actividades económicas lleva necesariamente a que éstos se agrupen a través de la constitución de numerosas y cada vez más grandes y complejas entidades colectivas.

Así queda demostrado, nuestro legislador ha decidido atender a los incesantes requerimientos internacionales referidos a la necesidad de ampliar el campo de la posible responsabilidad penal de las personas jurídicas y ha optado por tener en cuenta, incluso la subsistencia de responsabilidad, al consignar en el artículo 10: “Subsistencia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. La responsabilidad penal de las personas jurídicas subsistirá aun después de declarada su disolución por el órgano competente, así como después de cualquier actuación societaria o corporativa que suponga la cesación de sus operaciones o la trasmisión universal, en cualquier forma o modo, de su patrimonio”.

En definitiva, ¿Dónde está la frontera del riesgo organizativo permitido que las Personas Jurídicas no deben traspasar? ¿Cómo se determina el nivel de cautela que la Persona Jurídica ha de respetar al organizarse para quedar exenta de cualquier posible imputación de responsabilidad penal por los delitos que las personas físicas puedan cometer en su seno?

Hasta el momento sólo se ha encontrado una respuesta dotada de una cierta seguridad jurídica, y es que, la persona jurídica en cuestión, que no tenga implantados programas de cumplimientos normativos que traten de implantar una cultura empresarial de respeto al Derecho en su organización ni establezca sistemas de control y prevención adecuados, tendentes a evitar la realización de delitos en su seno terminará en caso de imputación, siendo responsable penalmente. La Ley número 74-25, por tanto, es transcendente y afecta a numerosas cuestiones referidas al tratamiento que el Derecho penal dominicano dará a las personas jurídicas.