Imputados versus víctimas

Siempre que se presenta una lucha absurda y que perjudica al colectivo recuerdo el lema de la película de 2004 de Paul W. S. Anderson “Alien vs. predator” porque “gane quien gane, nosotros perdemos”, sirva esta introducción muy cinéfila para hablar de la “obligada” reforma al Código Procesal Penal.

Se trata de una reforma obligada porque la Ley núm. 10-15 que reformó el Código Procesal Penal de 2002, al cual me niego a seguir llamando “nuevo Código”, fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia TC/0765/24, por vicios de forma (otra vez, otra vez como aquella canción de los antiguos Premios Casandra, hoy Soberanos), ya que el Congreso, me atrevo a decir, a sabiendas, no cumplió con el trámite legislativo correspondiente.

La declaración de inconstitucionalidad dio un plazo de un año al Congreso para aprobar una reforma antes de expulsar la Ley núm. 10-15 y ese plazo vence en diciembre de este año por lo que el Congreso se apresta en la actual legislatura (iniciada el pasado 16 de agosto) a aprobar la referida reforma.

El Congreso Nacional no sólo esperó el último momento, literalmente, para estudiar y aprobar la obligada reforma, sino que eligió el camino largo, pues perfectamente podía someter al escrutinio el mismo contenido de la Ley núm. 10-15, modificar otros aspectos que en otras sentencias el Tribunal Constitucional había expulsado o modificado, y listo, ese era el camino fácil.

Pero vamos a comprar la idea de que nuestro grandioso Poder Legislativo quiere mejorar la pieza, aun cuando tiene la oportunidad de trabajar esta modificación de la mano del recién promulgado nuevo Código Penal, cosa que tampoco hace, pues funciona como compartimientos estancos, lo que permite que el mismo órgano, en la misma legislatura, apruebe leyes contradictorias.

Al aterrizar en el punto nodal de este artículo, se reivindican, con el entusiasta impulso del Ministerio Público Independiente, los derechos de las víctimas, quien lee esta columna sabrá que desde aquí se defiende fervientemente los derechos de las víctimas, pero esto jamás puede usarse como un instrumento para llevarse de encuentro las conquistas procesales de un sistema acusatorio, ni desconocer abiertamente precedentes constitucionales en materia de debido proceso y fortalecer, de forma irrazonable, las potestades del órgano acusador.

Señores legisladores, los derechos de las víctimas y los del imputado no se oponen, unos no van en detrimento de los otros, ambos forman parte de la protección del mismo sistema legal, del mismo debido proceso y Estado de Derecho. No, bajo ninguna circunstancia se puede pretender equiparar al 100% los derechos de unos y otros, porque su rol en el proceso no es el mismo y lo que se protege con cada lista de derechos es sustancialmente distinto.

Seguir avanzando en esta reforma, de espaldas al proyecto original, al trabajo de la Comisión de Justicia del propio Senado y a las necesidades del proceso dominicano, es como calificó el profesor Nassef Perdomo, una contrarreforma a la medida, peligrosísima para nuestro débil sistema, que da carta blanca a un Ministerio Público que si ya actuaba arbitrariamente ahora lo hará sin consecuencias.

Por último, que conste en acta, solo hemos señalado el que asumimos como hilo conductor o excusa de la contrarreforma, pero la cantidad de yerros, de violaciones de precedentes y transgresiones al debido proceso es interminable, pasen por la cuenta de X (antiguo Twitter) de la profesora María del Pilar Zuleta y me darán la razón.