Jóvenes, actores estratégicos del desarrollo

Una parte importante de los jóvenes de la República Dominicana observan con gran preocupación el conjunto de disposiciones normativas -e interpretaciones- que excluyen la participación de los jóvenes en los órganos de decisión democrática, en completa inobservancia del artículo 55 numeral 13) de la Constitución de la República Dominicana, que textualmente establece lo siguiente:

“Artículo 55.- Derechos de la familia. La familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. (…) 13) Se reconoce el valor de los jóvenes como actores estratégicos en el desarrollo de la Nación. El Estado garantiza y promueve el ejercicio efectivo de sus derechos, a través de políticas y programas que aseguren de modo permanente su participación en todos los ámbitos de la vida nacional y, en particular, su capacitación y su acceso al primer empleo”.

Esta situación genera una gran desafección de los jóvenes en la vida política, institucional y democrática como lo indican los resultados anuales del Latinobarómetro y todas las encuestas nacionales que abordan el fenómeno.

Actualmente se abre un espacio para la participación de los jóvenes en la toma de decisiones del Estado y en su aporte para el fortalecimiento de la Democracia y el Estado Social y democrático de derechos, y es que, actualmente con la convocatoria realizada por el Consejo Nacional de la Magistratura se abre la posibilidad de llenar las 5 vacantes y sus respectivos suplentes del Tribunal Superior Electoral con jóvenes en un rango de edad de 30 años. Sin embargo, aunque en el año 2011, mediante la Ley Núm. 29-11, orgánica del TSE, el legislador estableció como requisito tener más de 30 años de edad para ser juez o suplente del TSE, lo que permitiría al CNM escoger uno o dos jueces titulares o suplentes entre 30 y 35 años de edad, y cumplir con el mandato constitucional de la participación efectiva de los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo de la nación.

No obstante, el legislador erró al reducir la edad y no adecuar el requisito de ejercicio de la abogacía, que lógicamente debía ser reducido a 8 años y no a 12 años. Esto es así porque en la lógica de la vida moderna, a los 30 años solo se puede acreditar la culminación de los estudios básicos, medios, grado y 8 años de ejercicio profesional titulado.

En el año 2025 se cometió un error -por mera inobservancia- semejante al del 2011 al insistir en requerir 12 años a un joven de 30 años de edad. La Ley núm. 39-25, orgánica del Tribunal Superior Electoral, estableció en su artículo 8 como requisitos para ser juez o suplente del Tribunal Superior Electoral, tener más de treinta años y no menos de doce años de ejercicio

Máxime si se analiza que la obtención del execuátur, cómputo exigido por ley, realmente constituye un trámite puramente administrativo y burocrático, que no hace más que retrasar injustificadamente el cómputo del plazo a los fines de experiencia profesional en perjuicio de los jóvenes y no añade ningún valor agregado a las condiciones intelectuales para ejercer la profesión.