Por la calidad de la educación

Disponer de una mayor inversión en educación ha sido sin dudas unos de los logros más importantes en la agenda social del país en las últimas décadas. Alcanzado esto, la tarea ahora es superar las prácticas y actitudes que dentro del sector, han constituido una retranca para que de una vez y por todas demos pasos firmes hacia la mejora en el sistema educativo. Transformar lo existente requiere de decisiones difíciles que, antes que ser confrontadas, deberán contar con el apoyo de los distintos actores del sistema. Esto lo digo a propósito de la auditoría de la nómina de maestros llevada a cabo por el Ministerio de Educación (MINERD).

Es cierto que, en una primera etapa, la inversión educativa se ha concentrado en mejorar la infraestructura escolar, aumentar el número de aulas y ampliar la tanda extendida. Esto era necesario para comenzar a cambiar la situación de deterioro en que se encontraba la educación pública en el país, de la cual no escapan los centros privados. Sin embargo, llegó el momento de atender otros temas esenciales que apunten a la calidad de la educación. En tal sentido, en esta nueva etapa, las prioridades deben ser el currículo educativo y la cualificación del personal docente.

Respecto al primer punto, se vienen dando pasos para la definición y puesta en práctica de un nuevo currículo basado en competencias. Esto permitirá dotar de contenido la tanda extendida y que los indicadores de calidad de educación del país mejoren. En relación con los maestros, se han llevado a cabo algunas iniciativas que deberán contribuir con la eficiencia de su trabajo. La primera de estas consiste en la toma de decisiones que han permitido mejorar sus condiciones salariales. En este mes de agosto, está pendiente un nuevo ajuste que supondrá un aumento salarial del 10%. La segunda fue la auditoría de la nómina, que permitirá determinar quiénes están laborando realmente en las aulas y ahorrar cuantiosos recursos.

Está pendiente la implementación del sistema de evaluación de desempeño de los maestros y el fortalecimiento del programa de formación docente. La sociedad demandó la inversión del 4% en educación, y por lo tanto, tiene el deber de dar seguimiento a su buena ejecución. Se requiere de una mayor colaboración de la ADP en estos esfuerzos. La participación y fiscalización de la gestión escolar por parte de las asociaciones de padres y madres de las escuelas, es imprescindible. Por último, urge que las organizaciones que se articularon en la Coalición Educación Digna, retomen su ejercicio de veeduría ciudadana del sistema educativo.

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