En el país hay demasiados controles. Algunos han sido fomentados por los propios empresarios, empeñados en preservar sus privilegios. La modernidad de que tanto se habla es incompatible con esta realidad. No podemos referirnos a la existencia de un sistema perfecto de libre empresa. Las deficiencias que usualmente los funcionarios le atribuyen al régimen de libertad empresarial son el fruto de las medidas gubernamentales que lo hacen inoperante.
El gigantismo estatal estrangula el modelo, en beneficio algunas veces de pequeñas y privilegiadas élites empresariales que obstaculizan el desarrollo nacional. Estos grupos han tenido mucho éxito en propiciar alianzas con la burocracia gubernamental, en franca conspiración contra los verdaderos intereses nacionales.
A menos que las oportunidades no sean las mismas para todos los agentes que intervienen en la vida económica de la nación, sólo podemos ufanarnos de la existencia de un capitalismo de Estado. Un régimen híbrido que no es una cosa ni la otra y que sólo le ha dejado al país un penoso legado de corrupción e ineficiencia, con un altísimo costo moral, social y económico.
Lo que en verdad necesitamos es una mayor dosis de iniciativa individual, tanto en la economía como en las demás facetas del quehacer cotidiano. Los mercados bien abastecidos han sido siempre aquellos dejados en situaciones normales a la libre competencia y a las fuerzas naturales del mercado.
La experiencia no sólo nuestra ha demostrado hasta la saciedad que las economías centralizadas o cualquiera de sus hijastros generan estrechez y pobreza. Constriñen el desarrollo y degeneran en el planeamiento de la vida ciudadana. También es cierto que una economía de mercado sin restricción alguna impide la justicia social.
La pronunciada presencia del Gobierno en la actividad económica genera una peligrosa asociación de funcionarios y empresarios corruptos con los resultados que todos aquí conocemos.
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