La eterna deuda externa

Como cualquier otro país latinoamericano, la República Dominicana encara una situación en extremo peculiar. Las dificultades propias de la presente crisis social y económica global dificultan cumplir con los compromisos de una deuda externa, cuya paternidad no corresponde a ningún periodo en particular. Esa deuda superior a la capacidad nacional de pago consume buena parte de los recursos que genera el aparato productivo.

Aun cuando buena parte de ella corresponde al sector público, las soluciones propuestas no suelen tomar en consideración el origen del problema. Además, no contemplan ninguna clase de responsabilidad compartida. La mayoría de los países del hemisferio han pagado de hecho muchas veces el valor de las deudas contraídas. Sin embargo, el volumen de los intereses y la acumulación del principal no permiten que esas deudas bajen o desaparezcan.

Localmente, aquí y en cualquier otro país, los bancos nacionales pagan el precio de sus malas operaciones crediticias. ¿Por qué no sucede lo mismo con la banca internacional y la deuda externa de nuestros países? Como se sabe, muchos de esos préstamos fueron concedidos sin tomar en cuenta la capacidad de los deudores para honrarlos y muchas veces sin fiscalización y en términos evidentemente onerosos y poco transparentes. ¿Por qué entonces esa banca no ha sido obligada a pagar la parte que le correspondería del precio de sus malas operaciones y el peso de la deuda recae sólo sobre los países, imposibilitando la puesta en marcha de programas de desarrollo?

Hace un par de décadas, el tema de la deuda externa y la forma en que ella gravita sobre el bienestar de las naciones en desarrollo, constituía una prioridad en la agenda internacional de esos países. Hoy no lo parece, aunque el peso de las obligaciones que ella impone es tan grave como entonces.