La principal amenaza contra la Ley No. 169-14 no proviene del exterior sino de sectores e instituciones nacionales. Las reacciones ante el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se han concentrado en este aspecto, cuando el principal peligro es local. Además, se ha dejado de lado el reconocimiento a los esfuerzos que realiza el país para garantizar los derechos de dominicanos de ascendencia haitiana y de los inmigrantes. El contenido más importante del informe de la CIDH lo constituye la salida de la República Dominicana de la lista de naciones violadoras de los derechos humanos.
Frente al grave problema generado por la sentencia 168-17 del Tribunal Constitucional (TC), la cual desconoció derechos adquiridos de dominicanos hijos de extranjeros que habían nacido en el país desde hace más de ocho décadas, la salida fue la aprobación de la ley 169-14. La sentencia de marras tuvo consecuencias nefastas. Con ella se despojó de la nacionalidad a ciento de miles de dominicanos de ascendencia haitiana y se colocó a la República Dominicana en el foco internacional como un país que no tiene reparo en violar los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
Frente a esto, el Estado dominicano logró un amplio consenso político para la aprobación de la ley 169-14. Esta norma tuvo por objetivo establecer un régimen especial para hijos de padres extranjeros no residentes, inscritos en los libros del Registro Civil desde 1929, así como el registro de los no inscritos. Puede que esta no haya sido la mejor legislación, pero fue la ley posible, al menos en el contexto actual. El Estado dominicano tiene la tarea de convencer al resto de los países de la factibilidad de esta legislación, pues en materia de derechos humanos, los Estados nacionales están en la obligación de rendir cuentas ante la comunidad internacional.
En la actualidad, el principal riesgo al clima de paz y a la gobernabilidad viene del hecho de que el TC está conociendo un recurso en inconstitucionalidad de varios artículos de la ley 169-14, con amplias posibilidades de que el mismo sea aprobado. De ser así, el país estaría retrocediendo enormemente en materia de derechos humanos. Esto metería a la República Dominicana en serio problemas, pues son muy graves las implicaciones que tiene para cualquier nación el ser visto en el plano internacional como una sociedad que viola derechos humanos. El consenso de todos los actores políticos y sociales debe estar dirigido a reclamarle al TC que no vuelva a someter al país a una situación tan engorrosa y proteja el consenso alcanzado con la ley 169-14.
