La libertad de empresa en el marco constitucional

Uno de los aspectos más notables del constitucionalismo de hoy, es la presencia de los principios rectores de la actividad económica. En consonancia con esta idea, las constituciones actuales, por lo general, además de su contenido político y social tradicional, poseen un contenido a veces explícito y otras derivado, dirigido a ordenar la actividad económica pública y privada. Si hablamos de actividad económica privada, obligativamente debemos de referirnos a la Libertad de empresa.

La Libertad de empresa mencionada precedentemente es uno de los pilares de la vida económica de nuestro país y se podría decir es la base de todo modelo económico que se pretenda implementar, el cual permanece invariable salvo reforma constitucional.

La Constitución dominicana reconoce “La libertad de empresa” como un derecho fundamental de enorme trascendencia, tanto por la importancia que supone para el despliegue de la economía de un país la iniciativa particular, como por el hecho de que es necesario establecer condiciones para que este despliegue no sea arbitrario y que suponga una privación de derechos a las personas. Estipulado en el artículo 50 de nuestra Carta Magna: “El Estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e industria. Todas las personas tienen derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las prescritas en esta Constitución y las que establezcan las leyes”.

El hecho que la libertad de empresa se estructure como un derecho fundamental implica que el ordenamiento jurídico le reconoce al titular la capacidad para exigir ante los órganos jurisdiccionales el cumplimiento de la obligación insatisfecha. Por tanto, su protección hay que situarla dentro del ámbito de competencia de los Tribunales de Justicia, toda vez que el titular de este derecho ostenta un status jurídicamente protegible de acuerdo con lo establecido en la propia Constitución. De esta manera, el reconocimiento constitucional de la libertad de empresa termina vinculando a todos los poderes públicos, en especial a todos los Jueces y Tribunales; su contenido se encuentra garantizado bajo la tutela efectiva de dichos Jueces y Tribunales; y su ejercicio sólo podrá ser regulado por una ley formal -que en todo caso respetará su contenido esencial-, sin perjuicio del uso secundario o residual de normas reglamentarias de ejecución y desarrollo en la ordenación de la actividad empresarial.

Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional mediante la sentencia TC/0150/17 “La libertad de empresa como principio constitucional deriva del principio general de libertad y de la institución del “mercado”, en tanto concreción de la libertad económica. Es la libertad que se le reconoce a los ciudadanos para acometer y desarrollar actividades económicas, sea cual sea la forma jurídica (individual o societaria) que se emplee y sea cual sea el modo patrimonial o laboral que se adopte”.

La libertad de empresa, como se ha dicho hasta ahora, viene constituida como un derecho fundamental configurado por las exigencias generales que impone la propia Constitución y el ordenamiento jurídico en general. De ese modo, el ejercicio de la libertad se ve acompañado de una serie de cargas, deberes y obligaciones que moldean su configuración y permiten complementar el interés individual con el interés colectivo.

Lo anterior provoca que el dilema siempre gire en torno al grado de intervención estatal que requiere determinada actividad económica, tarea entonces remitida a las leyes y controlada por los jueces constitucionales, cuya tarea será velar porque la intervención estatal no conculque los derechos contenidos en la Constitución.