Si hay algo que debe cuidar con esmero la Junta Central Electoral (JCE) es la objetividad de sus posiciones, y sobre todo, ser percibida como un órgano imparcial. Es común que el debate sobre los asuntos políticos y electorales tienda a polarizarse, esencialmente si son temas en los que algunos grupos políticos pueden ver lesionados sus intereses. Por esta razón, los sistemas políticos deben contar con instituciones en capacidad de colocarse por encima de las confrontaciones de los actores políticos y dar opiniones técnicas que ayuden a zanjar las diferencias. De la JCE se espera que juegue ese rol en el intenso debate que se ha generado en torno al proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas.
Antes procesos electorales tan complejos como los que se avecinan, el órgano electoral debe evitar que su credibilidad y objetivad se vean afectadas por una intervención sin la prudencia necesaria en el acalorado debate sobre el mecanismo para la elección de candidatos a cargos de elección popular. Es conocido que el presidente de la JCE es uno de los principales abanderados del rechazo al modelo de las primarias abiertas y simultáneas. Siendo presidente de la Fundación Derecho y Democracia, elevó una acción directa en inconstitucionalidad en contra de la ley de primarias abiertas aprobadas en el 2004.
En tal sentido, lo más conveniente para el órgano electoral hubiera sido que su presidente se inhibiera de participar en el debate de las primarias abiertas. Se debió dar la oportunidad a otro miembro del órgano electoral para que asumiera la vocería en este tema. No se puede actuar como juez y parte, sin que esto genere dudas sobre la bondad y objetividad de los argumentos expresados. Esto pasó con la reciente intervención del presidente de la Junta en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, al referirse al tema de las primarias. Juicios como que la JCE cumplirá con lo que digan las leyes, pero que nadie está obligado a lo imposible, crean suspicacia.
Como se sabe de antemano la posición del presidente de la JCE, también generan dudas sobre el dato dado en relación con el costo de organización de unas primarias abiertas. Este dato no se puede refutar sin conocer los detalles del presupuesto estimado para las primarias, pero el costo de más de 5 mil millones de pesos parece excesivo si se compara con procesos electorales nacionales. En fin, lo más importante es que la JCE sea percibida como un órgano administrativo e imparcial, que con sus observaciones técnicas contribuye a mejorar la calidad del debate político y a reducir los potenciales conflictos, no hacerse parte de ellos.
