La responsabilidad penal de la persona jurídica

En los últimos años se ha admitido la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Así, por ejemplo, esta fue aceptada y establecida en países como Holanda (Ley del 23/06/1976), Islandia (1993), Portugal (Código Penal de 1983 y reforma de 2007) y Francia (Código Penal de 1993), en donde la capacidad penal de las personas jurídicas fue sostenida por la llamada corriente de la “Defensa Social” y los movimientos a ellos cercanos, también en Finlandia (1995), Eslovenia y Dinamarca (1996), Estonia (1998), Bélgica (1999), Suiza y Polonia (2003) y España (2010).

La inclusión de las personas jurídicas en el círculo de los titulares de derechos fundamentales no es un punto de llegada sino de partida, o, dicho de otro modo, con ella no se resuelven los problemas, sino que empiezan, y de este modo llegamos como experiencia ilustrativa al respecto la Ley 74-25 que instaura el nuevo Código Penal dominicano, la cual dedica los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 del texto legislativo a las personas jurídicas, las cuales serán penalmente responsables por infracciones cometidas en su beneficio o representación, si estas derivan de fallas en sus sistemas de control, supervisión o cumplimiento.

Específicamente, el artículo 8, establece: “Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las personas jurídicas serán penalmente responsables de las infracciones cometidas por los actos u omisiones punibles de sus órganos, representantes o subordinados que hayan sido ocasionados en su representación, siempre que estos actos u omisiones sean al mismo tiempo consecuencia del incumplimiento por parte de la persona jurídica de sus deberes de dirección, control o supervisión, respecto de sus órganos, representantes o subordinados”.

En dicho articulado se introducen criterios propios del ámbito penal en los que la persona jurídica sólo puede responder penalmente por su hecho propio y no por el hecho ajeno de las personas físicas. Sin embargo, se ha introducido una auténtica defensa material para la persona jurídica.

Las personas jurídicas en la República Dominicanas tendrán un importante incentivo para adoptar robustos programas de cumplimiento y de esta manera evitar su responsabilidad penal. La adopción de dichos programas de cumplimiento reduce significativamente el riesgo de comisión de delitos en el seno de personas jurídicas y conlleva un importante beneficio para la sociedad en general al fomentar una cultura de cumplimiento de la legalidad en el entorno empresarial.

La finalidad de la responsabilidad penal de la persona jurídica es que sea la propia empresa quien asuma el desvalor económico de su conducta y que no deba ser subvencionado por el Estado o los particulares. La pregunta es: ¿la responsabilidad penal de la persona jurídica colabora con el incremento de la posibilidad de aprehensión de delitos y consecuentemente servir de apoyo para la disuasión de la actividad delictiva de la empresa?

Podemos afirmar que la responsabilidad penal de la persona jurídica no sólo ofrece nuevas perspectivas, sino que, además, ha recobrado importancia y actualidad en el ordenamiento jurídico dominicano; y es que, la finalidad de la prevención penal de la empresa consiste en obligarlas a que establezcan las medidas necesarias para controlar y gestionar los riesgos que su propia actividad genera, los compliance o programas de cumplimiento cobran, obviamente, particular interés.

La Ley 74-25, conlleva que las personas jurídicas implementen programas de cumplimiento idóneos para la prevención de responsabilidad penal, que demuestren objetivamente haber adoptado e implementado, según la normativa vigente y asociadas al ámbito económico o de producción correspondiente.