La tragedia que afecta a San Cristóbal desde la explosión que cobró unas 32 vidas, 58 heridos y decenas de familias sumidas en la desesperación, debe tener consecuencias, si se determina algún nivel de intención culposa, ya sea por negligencia o maldad.

Este es un compromiso que deben asumir las autoridades correspondientes, porque el país no se puede dar el lujo de seguir permitiendo que el medalaganerismo, la negligencia y la maldad de algunos, tengan control de la vida, la salud, la paz y los bienes de los demás.

Hay que agradecer la pronta intervención del Gobierno, los organismos de servicio, la entrega de la gente con vocación humanista y el nivel de solidaridad puesto de manifiesto por la gente, como es común en los dominicanos, lo que indica que todavía hay esperanza.

Sin embargo, toda esta demostración de apoyo y solidaridad puesta de manifiesto por los diversos sectores de la sociedad dominicana, debe ser compensada con una investigación profunda, cuyos resultados no dejen dudas sobre las causas reales de este fatal siniestro.

No hay un dominicano que no haya sentido en lo más profundo y con dolor los efectos de la desgarradora tragedia que viven los sancristobalenses, desde el mismo momento en que se produjo la explosión, aún sin saber que el saldo sería tan elevado y fatal para las familias afectadas.

Este acontecimiento ha conmovido al país y a gran parte de mundo y por esta razón debe completarse la acción del Gobierno y los aportes solidarios del sector privado, personas particulares, criollos y extranjeros con un informe detallado y científicamente convincente sobre las reales causas del siniestro.

Lo ocurrido en Las Terrenas, en Samaná, debe ser asumido con igual intensidad, porque si hay manos criminales o negligencia, sean aplicadas las sanciones de rigor.

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