La República Dominicana es el segundo país en el mundo con la mayor ocurrencia de accidentes de vehículos de motor y con la mayor tasa de muertes y heridos. Estos accidentes le cuestan al país miles de millones de pesos. En el 60% de los accidentes está involucrada una motocicleta.
Recientemente se aprobó ley 63-17 que crea el Instituto de Transporte y Tránsito Terrestre-INTRANT, la cual tiene unos 40 reglamentos. La misma contiene una serie de normas para la organización del tránsito, estableciendo un sistema para la conducción de las motocicletas pero lamentablemente no existe un sistema para su ordenamiento y control.
El parque vehicular del país es de alrededor de unos 4,500,000 vehículos, de los cuales el 54% son motocicletas (2,430,000), la mayoría de las cuales carece de registros y de matrículas. El uso de motocicletas como medio de transporte, en un país carente de un sistema masivo suficiente, se ha convertido en un mal necesario, en una fuente de empleo, aunque muy informal.
La Dirección General de Aduanas, Impuestos Internos y el INTRANT deben propiciar un mecanismo que dote de matrículas, registros y licencias a propietarios y conductores de motocicletas, pues además de organizar el tránsito, facilitaría labores imprescindibles para la seguridad ciudadana, como la identificación de personas accidentadas, las motocicletas sustraídas y deshuesadas; el ordenamiento en las paradas de motoconchistas, así como para perseguir a los actos delincuenciales, muchos de los cuales son realizados en motocicletas.
La DGII, como hace con las agencias de vehículos, que les otorga marbetes provisionales, luego de una rigurosa inspección, debe hacerlo con las motocicletas. La DGA debe otorgar los registros de las motocicletas importadas, pues muchas de las agencias que las distribuyen no los otorgan, ya que estas ingresan al país como piezas. Se deben crear facilidades para motivar la obtención de estos documentos, a un costo mínimo, lo que le generaría importantes ingresos al Estado. Los gremios de motoristas deben colaborar para la agilización de estos trámites, lo que iría en su beneficio.
Todos los vehículos que circulan en las calles deben pagar un impuesto. Hasta la década de los sesenta, una bicicleta se consideraba como un vehículo y pagaba un impuesto para poder transitar, por lo que en ese aspecto hemos retrocedido.
Se debe iniciar una intensa campaña de orientación ciudadana para reducir la cantidad de accidentes de tránsito, los cuales les cuestan al Estado, cada año, miles de millones de pesos en atenciones médicas en los hospitales a los que resultan con traumas severos y heridos de gravedad, pues no podemos continuar con este desorden mayúsculo.
En nuestras escuelas y colegios se debe impartir a los estudiantes la asignatura de Educación Vial. El INTRANT, de manera sistemática, no esporádica, debe mantener los operativos de cumplimiento a la ley. Si así lo hacemos contribuiremos a reducir drásticamente las estadísticas de accidentes y la pérdida de vidas, sobre todo, de jóvenes valiosos, en nuestro país.
