Leyes sin políticas públicas

Nos hemos cansado de repetir que la República Dominicana cuenta con un ordenamiento jurídico moderno. En muchas materias en las que estábamos rezagados, bien que mal, las normas se han ido actualizando, como el Código Penal. Pero la realidad local no se parece a las leyes que tenemos. El Congreso las aprueba, el presidente las promulga, se publican en la Gaceta Oficial y… nada. Ahí termina todo.

No nos referiremos a una ley en particular, sino a una realidad: una ley aprobada y promulgada sin una política pública detrás no es más que una declaración de intenciones, un cuerpo sin extremidades con las que moverse. Le falta presupuesto, responsables, personal, reglamentos, estadísticas, auditoría y evaluación. Sin eso no podemos hablar de eficacia.

Pasa con el Código Penal. Aun con una vacatio legis de un año, apenas se difundió y no hubo campañas estatales de formación para dar a conocer el nuevo sistema. Tanto fue así que terminamos modificándolo a menos de un mes de su entrada en vigor: lo reformamos antes de aplicarlo.

Contamos también con una Ley de Protección de Datos Personales, que consagra derechos pero no crea una autoridad de control que los haga valer. La norma prevé mecanismos, pero no desarrolla las vías que, en el derecho comparado, han demostrado ser las más efectivas. ¿De qué sirve un marco de protección de datos que no funciona como sistema? Son ejemplos puntuales; podríamos escribir de tantas leyes como salmos tiene la Biblia.

Lo mismo sucede con la previsión presupuestaria. Periódicamente creamos instituciones nuevas que duplican funciones de otras, sin el más mínimo análisis de impacto fiscal. Nos imponemos obligaciones sin preguntarnos cuánto cuestan ni de dónde saldrá el dinero. Y eso en un Estado que promete en cada campaña reducir su tamaño.

Cuando una norma reparte competencias entre varias instituciones, los resultados no se multiplican. No surge un conflicto porque todas quieran cumplir; lo que ocurre en la práctica es que ninguna responde. La sociedad termina pagando una nómina, porque en eso no fallamos, sin que se ejecute nada, hasta que un caso mediático revela el problema y concluimos que la solución es, oh sorpresa, modificar la ley que nunca implementamos.

Sufrimos de inflación legislativa. Tenemos un Congreso que legisla al ritmo de la indignación del momento: cada situación viral produce un proyecto de ley, y pocas veces vemos una agenda legislativa clara. Así, nuestros representantes terminan actuando como enemigos de su propio mandato de representación.

A todo esto se suma la inexistencia de evaluaciones. No tenemos indicadores para medir el grado de implementación de las leyes ni su impacto social, al menos no de forma objetiva. El problema no es la falta de leyes: es que no tienen padre. El país no cambia porque se publique una norma en la Gaceta Oficial; cambia con la implementación y la ejecución que vienen después.

La solución no exige magia. Bastaría con que ningún proyecto que cree obligaciones al Estado se apruebe sin una nota de impacto presupuestario, que cada ley designe una institución responsable de su ejecución, que los reglamentos tengan un plazo perentorio para dictarse y que el Congreso reciba, a los dos o tres años, un informe sobre si la ley funcionó.

Mientras tanto, con tantas normas sin aplicar, la seguridad jurídica se resiente. Pero no lo digamos muy alto, que hace tiempo escuchamos la propuesta de una ley de seguridad jurídica, como si se tratara de un hechizo de Harry Potter: ¡Lumos!, y se hizo la luz.