Los avances tecnológicos y el ritmo vertiginoso de la sociedad en la llamada era digital plantea una serie de retos y oportunidades, en los cuales la humanidad debe estar en el centro, de forma tal que esos avances no signifiquen una reducción de los derechos de las personas, sino una proyección y aumento de los mismos.

Hace unos años podíamos hablar de un proceso de transición de un mundo analógico al digital, hoy en día ya la transición quedó atrás, nuestra sociedad se mueve predominantemente en entornos digitales, se adquieren bienes y servicios de forma digital, se habla de gobierno digital, de teletrabajo, los ciberdelitos son los tipos de delitos más comunes y un largo etcétera.

En ese contexto, surgen los derechos digitales como una extensión de los derechos humanos que fomentan un modelo de transformación digital que refuerce la dimensión humana. Los también llamados ciberderechos, buscan garantizar que todas las personas puedan acceder y utilizar internet de forma segura, esto a través de una serie de prerrogativas.

Entre los principales derechos digitales podemos señalar el acceso universal a la red, la libertad de expresión, información y comunicación en la red, la privacidad y protección de datos, el derecho al olvido, derecho a la educación digital, derecho a la desconexión laboral, derecho a la no discriminación en el entorno digital, derechos frente a la inteligencia artificial, entre otros, sobre algunos de estos novedosos derechos esperamos volver en futuras entregas. Precisamente en nuestro país, en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y Gobierno celebrada en marzo pasado, se adoptó una Carta Iberoamericana de Principios y Derechos Digitales, con el marcado objetivo de colocar a las personas en el centro de las políticas públicas digitales y garantizar sus derechos.

Aunque se trata de una carta no vinculante, es decir, que no afecta el contenido ni las normas de los países firmantes, manifiesta la intención firme de los Estados de promover normas que respeten estos derechos y de que las políticas públicas los tomen en cuenta. La República Dominicana debe impulsar normas que protejan los derechos digitales y garanticen los derechos de todos, especialmente en los entornos digitales.

Se debe prestar atención a los límites y la finalidad de la transformación digital, reconociendo que los avances deben tener como norte mejorar la vida de las personas, esto es de vital importancia pues permitirá que se tenga pendiente el necesario respeto de los derechos de las personas, en todas sus facetas, como trabajadores, como empleadores, como consumidores, como usuarios.

Como señalamos, centrar la digitalización y los avances tecnológicos en el ser humano, pero esto debe incluir un énfasis añadido en dos grupos etarios, los niños, niñas y adolescentes quienes requieren de una protección especial, por la exposición y riesgos propios del entorno digital y las personas de la tercera edad, quienes pueden ver mermados sus derechos por no haber desarrollado las habilidades que se requieren en los medios digitales, para ellos se requiere una especial sensibilidad, un rediseño que garantice el acceso, que les acompañe y les permita optar por opciones análogas.

Ya estamos en una sociedad digital, debemos impulsar las nuevas tecnologías, enfrentar los espacios de brecha digital que aún persisten, reconocer las oportunidades y riesgos de herramientas como la Inteligencia Artificial o la neurotecnología y fortalecer la prevención y respuesta a la ciberdelincuencia, para de esta forma poder cumplir con las intenciones de la Carta Iberoamericana y garantizar los derechos tradicionales y no tan tradicionales en el mundo digital.

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