Durante los últimos días, los medios han transmitido la indignación por la muerte de Esmeralda Moronta, a manos de su expareja. Usted está en una reunión familiar y de pronto se ve a Esmeralda en un video de TikTok, compartiendo parte de su oficio.
Y su historia es más dramática porque forma parte de un hecho mucho más profundo. De acuerdo con el Boletín Estadístico sobre Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales en la República Dominicana, correspondiente al trimestre enero-marzo de 2026, que realiza el Ministerio Público, durante los primeros tres meses del año se realizaron 17,552 denuncias por violencia de género. Asimismo, se tenía registro de 22 feminicidios, de los que, solo tres habían sido denunciados con anterioridad. Al mes de mayo, la cantidad de mujeres muertas a manos de hombres con los que tuvieron alguna relación se ha elevado a más de 30.
Veamos, el año pasado, las autoridades celebraron que los feminicidios habían experimentado una reducción del 17%, en relación con 2024, al colocarse en 59 muertes. Sin embargo, esa no es una noticia del todo positiva, si ponemos el dato en perspectiva.
En 2025, en España, se contabilizaron 53 feminicidios, un valor muy cercano al de la República Dominicana. La cuestión es que España tiene una población de 49.687.120 habitantes, versus los 10.5 millones de nuestro país.
El Compendio de estadísticas de mujeres fallecidas en condiciones de violencia, 2020-2024, publicado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), registra 86 feminicidios en el año 2021 y 80 en el año 2022. En 2023 se documentaron 81 casos, y en 2024 el número ascendió a 89. Estos datos excluyen otras formas de muertes violentas.
La distribución geográfica indica que la Región Ozama, compuesta por el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, agrupa la mayor proporción de los eventos. Dentro de esta delimitación, la provincia de Santo Domingo aporta la mayor cantidad a nivel regional de forma sostenida.
Toda la ciudadanía coincide en que estamos ante un problema de salud pública. Venimos hablando de la necesidad de invertir en programas de salud mental y en la adopción de medidas que definitivamente permitan prevenir las muertes. Y esto pasa por fortalecer el sistema de justicia dominicano.
Y esto se pone de manifiesto con el grado tan elevado de debilidad institucional que poseemos. En más de dos y de tres veces hemos leído que las víctimas de feminicidios fueron ultimadas por agresores que quedaron libres tras una irregularidad en los procedimientos del Ministerio Público. Recordemos cómo una de estas anomalías y corrupción condujeron a la muerte de Anibel González hace algunos años.
En medio de la desconfianza que generan estos eventos, el Ministerio Público hizo circular un comunicado relativo a la muerte de Esmeralda Moronta, en la que solo faltó que la responsabilizara de su asesinato. De acuerdo con todos los planes que se han puesto en marcha, así como los protocolos disponibles, las mujeres víctimas de violencia deben recibir varias medidas de protección, no solo las casas de acogida. Sin embargo, en este caso particular, el MP pareció explicar que Esmeralda murió por no querer ir a una de estas casas.
Y aquí me hago eco de varias interrogantes expresadas a raíz del comunicado. Primero, si una víctima denuncia una agresión y expresa sentirse amenazada ¿por qué es ella la que debe ser recluida? De entrada ya está siendo maltratada, pedirle además que se exponga a la posibilidad de perder una fuente de ingreso, dejar de cuidar la familia y de asumir otros compromisos, mientras el agresor campa a sus anchas, no luce como un trato justo para las víctimas.
La historia de Esmeralda quedará resonando durante un par de días y luego se apagará con el eco de otra noticia viralizada. Pero, en lo que el hacha va y viene, tenemos una epidemia en el país que afecta principalmente a las mujeres.
Y la solución no es robustecer la pena contra los perpetradores. Porque, como dijo alguien, ¿a quién van a meter preso si ellos mismos se suicidan? La medida pasa por otra vía; y debe involucrar a todos los sectores.
Ese compromiso comienza por educar a lo interno de las organizaciones en materia de derechos y trato digno a las personas. Luego, se trata de conciliar seguimientos específicos con las municipalidades, con el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio Público, el de Educación y sectores gremiales, de la sociedad civil y de grupos comunitarios, además de los partidos políticos.
Las grandes emergencias se abordan en colectividad y sin bandería política. Entiendo que estamos en el punto de quiebre, donde se hace indispensable tomar decisiones conjuntas.
