La semana pasada conversaba con Miosotis Rivas, directora de la Oficina Nacional de estadísticas (ONE), sobre el rol de las estadísticas para visibilizar las poblaciones vulnerables. En la conversación coincidimos en la necesidad de fomentar mayor información en torno al aporte que esta disciplina realiza al diseño de políticas públicas, el desarrollo económico y el bienestar social.
El diálogo surgió a propósito de que se aproxima la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda. Esta herramienta supone un instrumento de recavación de informaciones actualizadas y objetivas sobre la cantidad de personas que viven en el país y las condiciones en las que se encuentran.
Sin embargo, grupos poblacionales como las personas con discapacidad, comunidad LGBT o quienes se identifican como afrodescendientes no se encuentran representadas en las variables censales utilizadas. Esa falta de identificación propicia:
– La invisibilización en el diseño de políticas públicas.
– La adopción de decisiones sin suficiente data para medir impacto real.
– Desconexión entre medidas del gobierno y los contextos de las poblaciones que beneficiarán.
Estos son solo tres ejemplos de la relevancia de contar con instrumentos de medición que representen a toda la población.
La disponibilidad de la data en diversos formatos fue otro de los puntos que tratamos en la conversación. A menudo las instituciones de la sociedad civil que trabajan con proyectos financiados por organismos de cooperación internacional precisan justificaciones y contextos sociodemográficos, pero la complejidad de la información disponible o la falta de accesibilidad reducen significativamente la capacidad de los equipos de aprovechar el potencial de los datos disponibles.
Asimismo, es importante poder contar con estadísticas unificadas. A veces ocurre que una entidad tiene desactualizada su data o por cualquier razón esta no está disponible en los medios de difusión de la ONE.
A este respecto, Miosotis explicaba que las atribuciones de la Oficina tienen limitaciones jurídicas. Y compartió el proyecto de modificación de la ley de la ONE, donde se incluyen puntos como este.
Pero esta ley tiene otra relevancia. Desde hace tiempo, el país viene dando pasos hacia la integración de variables estandarizadas, de manera que permitan la comparación estadística con otros países de la región.
Donde existe la mayor debilidad en este sentido es en los sectores que abordan a las poblaciones vulnerables. Sin embargo, el documento La Comparabilidad De Las Estadísticas Territoriales EN América Latina, escrito por Rudolf M. Witelaar, Andrés Espejo y otros autores, describe cómo las diferencias entre modelos y variables de investigación suponen barreras para comparar los contextos de los países.
Este fenómeno es particularmente visible en las estadísticas territoriales. Es decir, las singularidades de cada zona geográfica plantean desafíos para el establecimiento de modelos comparables.
A la vez, se destaca como un punto favorable el hecho de que es cada vez más frecuente la aplicación de las encuestas de hogares. En República Dominicana se cuenta con los datos de la Encuesta de Hogares y Servicios Múltiples (ENHOGAR 2019), que en esta ocasión incluyó el módulo corto sobre discapacidad del Grupo de Washington.
En síntesis, es pertinente detenerse a identificar formas de garantizar la accesibilidad de las estadísticas nacionales hacia todas las poblaciones, de manera que sea posible contar con recursos para el diseño de proyectos y estudios acordes con enfoques mucho más objetivos. A la vez, es indispensable insistir en la inclusión de variables que posibiliten la representatividad de poblaciones vulnerables y minoritarias en los estudios impulsados desde la ONE.
