Medidas cautelares en materia contenciosa administrativa

Con la jurisdicción contenciosa administrativa instaurada en la República Dominicana con la Ley No.1494-1947, en principio no se establecieron las medidas cautelares. Es por lo que hubo que esperar (40) años, hasta que se dictara la Ley No.13-07, denominada ley de transición.

En este sentido, el actual juez de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Vásquez Goico, al referirse a este vacío normativo que existía en el ordenamiento jurídico dominicano, con respecto a las medidas cautelares, en el marco de la introducción de su obra titulada “Las medidas cautelares en el contencioso administrativa dominicano”, ha planteado lo siguiente:

Resulta útil señalar que nuestro ordenamiento, hasta la entrada en vigor de la mencionada Ley 13-07, no acuñaba la denominación “medidas cautelares” para el Contencioso Administrativo. Entonces, la aparición súbita de esta terminología genera inquietudes y alguna que otra confusión, que es lo que específicamente caracteriza a la materia en el día a día del Tribunal (Vázquez, 2018, p. 26).

En este contexto, esta es la primera vez que en el ordenamiento jurídico dominicano se habla de medidas cautelares en la jurisdicción contenciosa administrativa. En ese orden, en el artículo 7 de la referida ley se establece lo siguiente: El recurrente podrá solicitar, en cualquier momento del proceso, por ante el presidente del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, la adopción de cuantas medidas cautelares sean necesarias para asegurar la efectividad de una eventual sentencia que acoja el recurso contencioso administrativo o contencioso tributario. Esta petición se someterá mediante instancia separada del recurso principal.

En esas atenciones, desde la jurisprudencia comparada, la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia C-379-04, al referirse a las medidas cautelares, ha sostenido lo siguiente: Para la Corte, las medidas cautelares son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. (…) mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido.

En síntesis, que las medidas cautelares en el ámbito administrativo tienen un carácter instrumental, y que su finalidad principal es garantizar la protección de los derechos, intereses y situaciones jurídicas que se puedan dar en el marco de un recurso contencioso administrativo principal. En esas atenciones, las medidas cautelares guardan una similitud con los referimientos en el ámbito de la jurisdicción civil y las medidas cautelares en los procesos constitucionales.