Por Ericka Bardot
En julio de 2024, Santiago Peña anunció que Moody’s había otorgado a Paraguay el grado de inversión. Dijo que era “fruto de décadas de esfuerzo”, y tenía razón. El país acumulaba años de baja inflación, cuentas ordenadas y crecimiento sostenido, una combinación poco común en la región tras años de disciplina económica. Newsweek le dedicó una portada. Para los mercados, Paraguay era el alumno discreto que finalmente entraba al cuadro de honor. Para sus vecinos, seguía siendo ese país “donde nunca pasa nada”, ajeno a los escándalos que sacudían otras capitales.
Peña encajaba en ese relato: economista formado en Columbia, había trabajado en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Hablaba el idioma de Wall Street y prometía que Paraguay podía competir entre los grandes, capaz de atraer inversiones y proyectar estabilidad en medio de tanta incertidumbre.
Dos años después, el Senado lo destituyó en cuatro días. En el centro de la crisis había un banco cuyo crecimiento había despertado preguntas sobre sus vínculos con el poder.
Un banco que creció demasiado rápido
Ueno Bank surgió de Credicentro, una financiera fundada en 1984 por la familia Vázquez. El grupo compró Financiera El Comercio en 2021 y obtuvo su licencia bancaria en diciembre de 2023, pocos meses después de que Peña asumiera la presidencia. En junio de 2024 absorbió Visión Banco. Para 2025 era el quinto banco del país, con casi el 9 % del total y unos tres millones de clientes. Según una estimación citada por Infobae, seis de cada diez adultos paraguayos tenían allí una cuenta.
El Estado también contribuyó a ese crecimiento. Ueno llegó a administrar unos 850 millones de dólares de entidades públicas, entre ellas el Instituto de Previsión Social. Más de 32.000 jubilados cobraban su pensión a través del banco. Su marca aparecía en la selección de fútbol, el Comité Olímpico y los estadios de Cerro Porteño y Olimpia. En marzo de 2026 colocó 350 millones de dólares en bonos internacionales. Todo apuntaba a una historia de éxito latinoamericano, respaldada por una expansión que parecía imparable.
Al asumir la presidencia, Peña declaró una participación en Ueno Holding valorada en más de 6.000 millones de guaraníes. Según Reuters, siguió siendo socio del grupo hasta marzo de 2025. Su hermano figura como socio en la estructura empresarial. Carlos Carvallo, quien presidió Ueno hasta julio de 2023, pasó ese mismo mes a dirigir el Banco Central, encargado de supervisar al banco. Ueno niega que Peña haya sido accionista de la entidad bancaria y sostiene que su participación declarada correspondía a Ueno Holding.
El 3 de noviembre, el Banco Central intervino Ueno. Su solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal y una auditoría detectó préstamos impagos a empresas del mismo grupo. El caso deja, hasta el momento, 27 personas imputadas y un expresidente detenido, mientras sus consecuencias políticas siguen marcando el debate nacional.
Cuatro días para destituir a un presidente
Desde nuestro entorno, donde esta historia resulta familiar, basta mirar Alemania y Estados Unidos para comprobar que existen antecedentes similares. Wirecard se desplomó en 2020 y dejó al descubierto un agujero de 1.900 millones de euros. Silicon Valley Bank colapsó en 2023, después de años de presión para flexibilizar reglas que habrían permitido una supervisión más estricta.
Lo llamativo en Paraguay es la magnitud del costo político y la rapidez con que llegó. Tras la caída de Silicon Valley Bank, Washington garantizó todos los depósitos. En Alemania, el escándalo de Wirecard provocó renuncias de funcionarios. En Paraguay, entre la intervención bancaria y la destitución presidencial transcurrieron apenas cuatro días.
Horacio Cartes, expresidente, jefe del Partido Colorado y padrino político de Peña, le retiró su apoyo cuando el escándalo se volvió insostenible. El Tesoro de Estados Unidos había sancionado a Cartes en 2023 por corrupción significativa. El Partido Colorado, que gobierna desde 1947 con la interrupción del período iniciado por Lugo, conservó el poder. Peña cayó, mientras quienes lo habían llevado a la presidencia permanecieron y se distanciaron de él con la misma rapidez.
La confianza no se reembolsa
En República Dominicana sabemos cuánto puede durar la desconfianza provocada por un caso semejante. Baninter se desplomó en 2003 con un fraude de unos 55.000 millones de pesos. El rescate dejó un déficit en el Banco Central que el país tardó años en afrontar y obligó a aprobar leyes de recapitalización. Mientras tanto, toda una generación aprendió que sus ahorros podían desaparecer bajo la mirada de quienes debían protegerlos. ¿Cómo se mide el costo de recuperar esa confianza cuando la gente empieza a desconfiar incluso de las instituciones encargadas de proteger sus depósitos?
Moody’s concedió a Paraguay el grado de inversión porque consideró que el país podía pagar sus deudas. Para los grandes inversionistas, esa fue una buena noticia. Pero ¿qué piensa un jubilado del interior del país al que presentaron la bancarización como un éxito rotundo? Cuando vuelva a cobrar su pensión, ¿querrá dejarla en el banco?
