Hace ocho años que los sectores conservadores, neoliberales, iniciaron una estrategia política de judicializar la política y politizar la corrupción, para frenar a las organizaciones progresistas ante sus sucesivos triunfos electorales en las urnas. Se trataba de llevar a los tribunales la lucha por el poder y propiciar golpes de estado blandos, como se les denominó.
Desde el 2013 lo denunciamos junto al amigo y compañero Manolo Pichardo para el país y Latinoamérica; se advirtió sobre esos propósitos. Los efectos de esa estrategia política de los conservadores empezaron en Brasil contra Lula da Silva, quien fue acusado de corrupción, hecho preso; aunque recientemente el juez Moro, principal persecutor judicial, acaba por declarar que de lo que realmente se trató fue de una persecución política contra Lula y su partido el PT; pero después de Lula y del mismo partido sacaron con procedimientos judiciales a Dilma Rousseff de la presidencia en agosto de 2016.
De alguna manera la reestructuración industrial iniciada por el gobierno de China disminuyó los requerimientos de commodities (materia prima) de ese país y que venía comprando en Latinoamérica. Eso desfavoreció la economía de nuestros países, afectando los gobiernos.
Luego, con el inicio de la pandemia del Covid-19, y sus efectos económicos negativos, ningún partido de gobierno, en países con aceptable democracia, ha permanecido en el poder. Esta situación ha facilitado que coaliciones de partidos progresistas hayan ido retornando al poder; por ejemplo, en Chile, Honduras, se asoma en Colombia y Brasil, por cierto con Lula.
A su vez, los sectores conservadores buscan nuevas fórmulas políticas para asaltar los recursos económicos que aún retienen los Estados, penetrando organizaciones progresistas o inventándose operaciones contractuales para realizar jugosos negocios con bienes que deben ser innegociables porque envuelven la soberanía o un alto interés social.
Debido a que las normas legales y constitucionales establecen exigencias procesales, para garantizar esa soberanía del Estado, que lo es del pueblo, esos sectores conservadores han apelado a figuras jurídicas del sector exclusivamente del comercio privado para sus fines, pero involucrando al Estado; es el caso de los fideicomisos.
Advirtiendo sobre ese y otros fideicomisos el expresidente Dr. Leonel Fernández “exigió al Gobierno que explique a la población en qué consisten los fideicomisos públicos, ya que para él este recurso no tiene cabida legalmente” (Listin Diario, 28/1/22).
La ley del 2011, donde el fideicomiso aparece como una figura jurídica en el ámbito del derecho privado, llama la atención de que el concepto público solo está marginalmente en el reglamento de aplicación. Señala que la fórmula de un fideicomiso público legalmente no existe, sino que “aparece marginalmente en el reglamento de aplicación a esa ley del fideicomiso para fines de la promoción de la industria inmobiliaria-hipotecaria”. (Listin Diario)
En este mismo sentido el vicedecano de la Facultad de Economía de la UASD, Antonio Ciriaco, afirma que esa norma jurídica se refiere a “un acto mediante el cual una o varias personas, llamadas fideicomitentes, transfieren derechos de propiedad u otros derechos reales o personales, a una o varias personas jurídicas, llamadas fiduciarios, para la constitución de un patrimonio separado, llamado patrimonio fideicomitido”.
Se trata, en consecuencia, de una típica acción neoliberal simulando la transferencia de los mejores bienes públicos del Estado en beneficio privado, violentando normas constitucionales.
