Europa refuerza su marco jurídico ante el desafío de la migración irregular

La migración irregular se ha convertido en un fenómeno intercontinental que atraviesa por uno de sus picos más elevados, que tiene serias repercusiones políticas, sanitarias, económicas y de seguridad para los países que reciben esta nueva oleada de indocumentados, con el drama social y humanitario que arrastran.

Las motivaciones de la migración pueden ser diversas: por asuntos políticos, económicos, de inseguridad, climáticos, ambientales, ecológicos, entre otras.

Europa es uno de los continentes que mayor presión migratoria viene recibiendo en la última década, sobre todo de países de la vecina África, mayormente de ideología musulmana, que con frecuencia enfrentan golpes de Estado y conflictos tribales.

Esta migración tiene como destino los países mediterráneos de España e Italia, esta última nación considerada como la principal puerta de entrada irregular a Europa en el primer trimestre de 2023, de acuerdo a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

La situación es desbordante y la “carga” poco equilibrada entre los países europeos, pues unos más que otros han tenido que asumir una mayor cantidad de inmigrantes, generando inconformidades entre sus autoridades políticas, que impulsaron el recientemente aprobado Pacto Sobre Migración y Asilo, una reforma a la anterior legislación, enfocado en los siguientes ejes: planificar la migración legal, conforme a las necesidades del mercado laboral; organizar las expulsiones de indocumentados y fortalecer los controles fronterizos; así como fomentar una política de asilo.

Los aspectos más controversiales tienen que ver con el asilo, una categoría del derecho internacional a la que apelan frecuentemente los indocumentados, pero que bajo esta nueva legislación serán detenidos en los puntos fronterizos para determinar si suponen algún riesgo para la seguridad del país de recepción o si realmente se encuentran en condición de vulnerabilidad en sus países de origen.

Esto determinará si pueden acogerse a un procedimiento de asilo acelerado o si por el contrario deben agotar los plazos de rutina, aunque lo más polémico es que debe haber una repartición de responsabilidades de los solicitantes de asilo entre los Estados comunitarios, es decir, que cada país deberá asumir una “cuota” de este flujo migratorio.

El hecho de que los migrantes sean detenidos en los puntos fronterizos para verificar si realmente califican para asilo es observado con preocupación por organizaciones que defienden los derechos humanos, que asumen que esto elevará las devoluciones (deportaciones) y el riesgo de que se vulnere su integridad física si son retornados no solo al país de tránsito o procedencia, tomando en cuenta que en ocasiones hacen rutas que implica el recorrido por varios Estados fronterizos, si no que sean devueltos a su nación de origen.

Esta reforma migratoria se da en un contexto electoral, con las elecciones al Parlamento Europeo programadas para la primera semana de junio de este año, para escoger los diputados que por 5 años tendrán la responsabilidad de impulsar leyes y las enmiendas de estas, siendo decisivo el control o la mayoría que puedan obtener la derecha, la izquierda o los candidatos centristas, porque de esto podría depender a futuro el endurecimiento o no de la política migratoria en un continente que busca frenar el fenómeno de la migración en cualquiera de sus manifestaciones, porque a futuro corre el riesgo de que haya cambios importantes en aspectos tan sensibles como la identidad nacional, la cultura y las costumbres, la ideología política y religiosa predominantes, así como la densidad demográfica.