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La sentencia no.168 emitida en 2013 por el Tribunal Constitucional Dominicano que redefinió aspectos esenciales de la política migratoria y el derecho a la nacionalidad, sin dudas generó reacciones desproporcionadas que aún 9 años después siguen resonando a nivel nacional e internacional, la mayoría politizadas e interesadas, y que despertaron fuertes pasiones, tanto a favor como en contra.

El problema de las posiciones en contra, especialmente provenientes de organizaciones no gubernamentales y muchas de ellas exageradas con el fin de justificar los fondos que las sustentan, es que aspiran al desconocimiento de una decisión de un máximo organismo del tren judicial y por ello sus deseos pretendían y aún pretenden un peligroso atentado contra el imperio de la ley y el estado de derecho. Además, la mayoría de esos grupos contribuyen a exacerbar las emociones y caldear los ánimos en un tema muy sensible, lo que obviamente profundiza diferencias y puede conducir a actitudes y manifestaciones violentas.

La ofensiva diplomática haitiana y de otros países de la región ha sido notable desde hace mucho tiempo, con numerosos intentos de someter a la República Dominicana al escrutinio de la comunidad internacional.

La sentencia en cuestión puso fin a largas discusiones sobre la necesidad de regular la situación de los residentes ilegales en el país y definió el status de los indocumentados y sus descendientes y es inapelable e irrevocable, no con el propósito de que se iniciase una oleada masiva de deportaciones como ocurre en muchos de esos mismos países que cuestionan a la República Dominicana, sino de resolver numerosas situaciones de hecho que han provocado confusiones y conflictos.

El manejo del Presidente Luis Abinader con el tema haitiano ha sido firme, especialmente de caras a las presiones externas. No se ha dejado provocar, no se ha dejado chantajear, se ha negado a firmar acuerdos migratorios perniciosos para los intereses de nuestro país y ha encabezado una estrategia diplomática para dejar claro a países y organismos que no hay una solución dominicana al problema haitiano y que Haití es responsabilidad de la comunidad internacional.

Ante un escenario caliente al Gobierno dominicano le toca seguir en frío. Cumplir la aplicación fiel de la sentencia 168-13 y siempre defender el interés nacional, el derecho soberano que tiene el país de definir quiénes son sus nacionales, respetando la separación de los poderes del Estado y acatando la decisión de un organismo institucional cuya independencia debe ser resguardada.

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