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Desde la creación de la Junta Nacional de Planificación (1962) hasta la fecha se han presentado sugerencias y propuestas para regionalizar el país, con el fin de propiciar un desarrollo endógeno que tome en consideración cada rincón del territorio nacional; sin embargo, los resultados no evidencian el objetivo para el cual fueron diseñadas.

Seis décadas después el presidente ha promulgado la Ley de Regiones Únicas de Planificación de la República Dominicana, luego de que el Congreso aprobara con una mayoría abrumadora la pieza estudiada en la Comisión Bicameral conformada para los fines; poniendo fin a diez años de discusiones y disensos que permitió construir los consensos políticos con las diversas fuerzas representadas.

Esta aprobación permite construir un nuevo paradigma del desarrollo, para transformar el modelo de inversión histórica que ha fomentado la concentración y expansión de los principales centros urbanos; convirtiendo los mismos en una burbuja que solo concentra insatisfacciones las cuales derivan en estallidos sociales, ante la falta de respuesta a los problemas primarios que tiene el ser humano.

El nuevo paradigma de situar la región como la unidad básica para la articulación y formulación de las policitas públicas en el territorio nacional, es un llamado a visibilizar la población, los asentamientos humanos y los recursos existentes a lo interno de cada región, para impulsar el potencial endógeno y reducir las limitaciones que no permiten el desarrollo pleno de dicho territorio. Esto a su vez rompe con el mito de continuar engrosando los principales centros urbanos del país, con una migración sin esperanzas e insatisfecha que sale expulsada de sus territorios de orígenes para replicar la pobreza de sus comunidades tanto en zonas vulnerables, como en la periferia de cada ciudad; fenómeno que acentúa las desigualdades que derivan en problemas sociales y estructurales.

Con esta nueva mirada se busca impulsar el desarrollo productivo en atención a la vocación de cada región, reduciendo la migración de sus residentes hacia otros puntos de la geografía nacional y generando nuevas oportunidades, para así aumentar la población que permitirá incrementar paulatinamente la inversión pública para financiar la construcción de infraestructuras y suplirá los servicios básicos que requerirá la población proyectada para este desarrollo.

Es así como el marco jurídico recién aprobado con diez Regiones Únicas marca un hito en la planificación de la República Dominicana, ya que esta normativa orgánica de cumplimiento obligatoria por todas las instancias gubernamentales, unida a los Sistemas de Planificación, Inversión Pública y Ordenamiento Territorial, permitirá reducir las disparidades existentes entre los distintos puntos de la geografía nacional a partir del ordenamiento de los subsistemas territoriales, la definición del modelo de desarrollo y la orientación de la inversión pública.

Regiones Únicas, para mejorar la calidad de vida de la población, sin importar el lugar del territorio en que resida y generando oportunidades allí donde reside la gente.

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